El presidente Donald Trump aplicará nuevos aranceles de entre 10% y 12.5% a decenas de socios comerciales de Estados Unidos, justo cuando este viernes expiran los aranceles provisionales que impuso tras sufrir una derrota en el Tribunal Supremo.

Estados Unidos impondrá los gravámenes a las importaciones procedentes de 60 socios comerciales que representan el 99% de las importaciones estadounidenses, al alegar que no han aplicado adecuadamente las prohibiciones sobre productos fabricados mediante trabajo forzoso.

“Estados Unidos cuenta con una prohibición de la importación de productos fabricados con trabajo forzoso desde hace casi un siglo y la aplica de forma rigurosa; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, afirmó el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Los nuevos aranceles entrarán en vigor a las 12:01 a.m. del viernes, cuando expiren los aranceles temporales del 10% a nivel mundial. Trump recurrió a esos gravámenes después de que el Tribunal Supremo anulara en febrero sus aranceles más importantes.

Ahora utilizará el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente imponer impuestos a la importación y otras sanciones contra países que se considere que practican políticas comerciales “injustificables”, “irrazonables” o “discriminatorias”. Trump ya recurrió a esta disposición durante su primer mandato para imponer aranceles elevados a China.

La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos también investiga si 16 países, que representan el 70% de las importaciones estadounidenses, han producido en exceso determinados productos, lo que habría provocado una caída de los precios y perjudicado a las empresas estadounidenses.

Trump sostiene que los aranceles elevados reactivarán la industria manufacturera del país. El año pasado rompió con décadas de política comercial estadounidense favorable a aranceles bajos y al libre comercio. Inicialmente recurrió a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer gravámenes de dos dígitos a las importaciones de casi todos los países, pero el Tribunal Supremo determinó que esa ley no autorizaba la imposición de aranceles y obligó al Gobierno a reembolsar a los importadores.

Como respuesta, el mandatario anunció aranceles temporales del 10% al amparo del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, cuya vigencia vence este viernes.

El Gobierno propuso inicialmente los nuevos aranceles por trabajo forzoso el mes pasado. Desde entonces, algunos países endurecieron la aplicación de sus normas y lograron una reducción en las tasas previstas. Según un funcionario que habló bajo condición de anonimato, el arancel para la India pasó de un 12.5% previsto inicialmente a un 10%.

Quedarán exentos de los nuevos aranceles productos como petróleo, gas y fertilizantes, así como los bienes que cumplen con las disposiciones del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

La medida recibió críticas inmediatas.

“La justificación actual basada en el trabajo forzoso resulta demasiado conveniente como para tomársela en serio”, afirmó el representante demócrata Richard Neal, principal miembro de ese partido en la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.

Brasil, que enfrentará un arancel del 12.5%, calificó la decisión de “arbitraria e injustificada” y anunció que evalúa aplicar medidas de reciprocidad y presentar una reclamación ante la Organización Mundial del Comercio.

Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Paula Estévez, sostuvo que su país cuenta con “instituciones laborales sólidas” y consideró que la medida “es incompatible” con los antecedentes técnicos y jurídicos presentados durante la investigación.

Los aranceles son pagados por las empresas estadounidenses que importan productos extranjeros, las cuales suelen trasladar parte de ese costo a los consumidores mediante aumentos de precios.

Defensores de los derechos humanos señalaron que, aunque existen dudas sobre las motivaciones del Gobierno, las medidas podrían contribuir a combatir el trabajo forzoso.

El Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define esa práctica como “todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo la amenaza de una sanción y para el cual dicha persona no se haya ofrecido voluntariamente”.

Según las estadísticas más recientes de la OIT, en 2021 había alrededor de 27.6 millones de personas sometidas a trabajo forzoso en el mundo.

“Llevamos años defendiendo públicamente la prohibición de las importaciones, no como una solución mágica, sino como una herramienta potencialmente eficaz para combatir el trabajo forzoso”, afirmó Martina Vandenberg, fundadora y presidenta de The Human Trafficking Legal Center.

No obstante, Vandenberg consideró que los aranceles deberían aplicarse de forma gradual para dar tiempo a los países a establecer mecanismos efectivos de cumplimiento.

El ministro canadiense de Comercio entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, afirmó que la medida “no es ninguna sorpresa” y aseguró que Canadá comparte el objetivo de impedir que productos fabricados mediante trabajo forzoso entren en las cadenas de suministro.

Kenya Davis, socia del bufete Boies Schiller Flexner, señaló que la Ley de Prevención del Trabajo Forzado de los Uigures, aprobada en 2021, ha contribuido a visibilizar el problema del trabajo forzoso.

Por su parte, Isabelle Glimcher, investigadora del Centro Stern para los Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York (NYU), indicó que la amenaza de estos aranceles ya ha llevado a algunos países, como la India, a modificar sus políticas comerciales para incluir prohibiciones sobre productos vinculados al trabajo forzoso. También destacó que las nuevas normas de la Unión Europea en esta materia contribuirán a reforzar esos esfuerzos.