Washington— El gobierno de Donald Trump declaró el viernes que no defenderá un programa de subvenciones de décadas de antigüedad para universidades con un gran número de estudiantes hispanos, que está siendo impugnado en los tribunales, declarando que el gobierno considera que la financiación es inconstitucional.

En un memorando enviado al Congreso, el Departamento de Justicia manifestó su acuerdo con una demanda que busca anular las subvenciones reservadas para universidades donde al menos una cuarta parte de los estudiantes de pregrado son hispanos. El Congreso creó el programa en 1998 tras descubrir que los estudiantes latinos asistían a la universidad y se graduaban a tasas mucho menores que los estudiantes blancos.

Funcionarios del Departamento de Justicia argumentaron que el programa ofrece una ventaja inconstitucional basada en la raza o la etnia.

El estado de Tennessee y una organización contraria a la acción afirmativa demandaron al Departamento de Educación de Estados Unidos en junio, solicitando a un juez que suspendiera el programa para instituciones con estudiantes hispanos. Tennessee argumentó que todas sus universidades públicas atienden a estudiantes hispanos, pero ninguna cumple con el “umbral étnico arbitrario” para ser elegible para las subvenciones. Dichas instituciones pierden decenas de millones de dólares debido a requisitos discriminatorios, según la demanda.

El viernes, el Departamento de Justicia publicó una carta en la que el Procurador General, D. John Sauer, notificó al presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que el departamento “ha decidido no defender” el programa, alegando que ciertos aspectos de este son inconstitucionales. La carta, fechada el 25 de julio, citaba la decisión de la Corte Suprema de 2023 que prohibía la acción afirmativa, la cual afirmaba que el “equilibrio racial absoluto” es “manifiestamente inconstitucional”.

El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.

Tennessee cuenta con el respaldo en la demanda de Estudiantes por Admisiones Justas, un grupo legal conservador que impugnó con éxito la acción afirmativa en las admisiones de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte. Esa demanda condujo a una decisión de la Corte Suprema en 2023 que prohíbe a las universidades considerar la raza de los estudiantes en las decisiones de admisión. Edward Blum, presidente de Estudiantes por una Admisión Justa, declaró el viernes que el grupo declinaría hacer comentarios.

Más de 500 universidades han sido designadas como Instituciones que Trabajan con Hispanos, lo que las hace elegibles para el programa de subvenciones. El Congreso asignó alrededor de 350 millones de dólares para el programa en 2024. Las universidades compiten por las subvenciones, que pueden destinarse a diversos usos, desde mejoras en edificios hasta programas científicos.

El expresidente Joe Biden priorizó las universidades que trabajan con hispanos, firmando una orden ejecutiva el año pasado que prometía una nueva junta asesora presidencial y un aumento de la financiación. El presidente Donald Trump revocó la orden en su primer día de mandato.

Trump está tomando medidas para desmantelar el Departamento de Educación y ha solicitado recortes masivos de fondos; sin embargo, su solicitud de presupuesto para 2026 conservó las subvenciones para las universidades que trabajan con hispanos e incluso solicitó al Congreso un ligero aumento. Aun así, ha habido dudas sobre el compromiso de su administración con la financiación. Una asociación nacional de universidades que prestan servicios a hispanos presentó una moción el mes pasado para intervenir como demandada en la demanda de Tennessee, expresando preocupación de que el gobierno federal no representaría adecuadamente a los miembros del grupo.

La Asociación Hispana de Universidades y Colegios afirmó que la agenda de Trump es “totalmente adversa” a los intereses del grupo, citando el objetivo del presidente de cerrar por completo el Departamento de Educación. El gobierno ha “denunciado públicamente programas como los HSI, que consideran y buscan corregir la disparidad étnica o racial”, escribió el grupo.

Tennessee y Estudiantes por Admisiones Justas no se opusieron a la solicitud del grupo de liderar la defensa legal.

A diferencia de los colegios y universidades tribales históricamente negros o nativos americanos, que reciben sus designaciones en función de su misión, cualquier universidad puede recibir la etiqueta y las subvenciones de los HSI si su matrícula latina representa al menos el 25% de su alumnado de pregrado.

La lista de HSI incluye campus emblemáticos como la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Arizona, junto con numerosos colegios comunitarios e instituciones más pequeñas.

En su presentación judicial, la asociación nacional argumenta que las subvenciones son constitucionales y contribuyen a la igualdad de oportunidades para sus miembros. Las universidades del grupo matriculan al 67% de los estudiantes universitarios latinos del país; sin embargo, estudios revelan que reciben una financiación estatal y federal mucho menor que otras instituciones. Las universidades que atienden a hispanos están abiertas a estudiantes de todas las razas; por ejemplo, la asociación mencionó a la Universidad Adventista del Sur, una institución privada en Tennessee cuyo alumnado es 28% hispano y 40% blanco.

El Departamento de Justicia generalmente tiene el deber de defender la Constitución y la legislación federal, pero en raras ocasiones puede negarse a defender leyes que considera inconstitucionales. El gobierno de Obama lo hizo en 2011 cuando se negó a aplicar la Ley de Defensa del Matrimonio. Durante su primer mandato, Trump hizo lo mismo con la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

El gobierno de Trump ha luchado para eliminar las políticas de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno, la educación y las empresas, argumentando que discriminan a las personas blancas y asiático-americanas.