El Gobierno del presidente Donald Trump presentó este jueves una demanda para impugnar varias leyes estatales en Arizona, Nuevo México, Oregon y Washington que permiten a las universidades ofrecer matrículas con descuento y ayuda financiera a estudiantes que no cuentan con un estatus migratorio legal.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) argumenta que la ley federal prohíbe a las instituciones de educación superior ofrecer a los extranjeros beneficios que no se ofrecen a los ciudadanos estadounidenses.

Las normas actuales en los estados demandados permiten a las universidades estatales ofrecer matrículas reducidas de residente del estado y becas a todos los estudiantes, independientemente de su estatus legal.

En un comunicado, el DOJ subrayó que dichas leyes discriminan inconstitucionalmente a los ciudadanos estadounidense y crean incentivos para la inmigración ilegal.

En la demanda contra Arizona, el departamento cita un informe del “Arizona Center for Investigative Reporting” que estima que más de 3,600 extranjeros indocumentados al año podrían optar a las tarifas de matrícula para residentes bajo la ley de Arizona en los próximos años.

La demanda surge en respuesta a dos órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump el año pasado que buscan garantizar que los inmigrantes indocumentados no obtengan beneficios fiscales ni trato preferencial.

“Al conceder tarifas de matrícula para residentes a extranjeros indocumentados, Washington, Oregon, Nuevo México y Arizona están relegando a los ciudadanos e ignorando la ley federal. Se acabó”, declaró el fiscal adjunto Stanley E. Woodward.

Bajo la Administración Trump, el DOJ ya ha demandado a 21 estados, incluidos varios dominados por los republicanos, por este motivo.

El año pasado, la Casa Blanca se alzó con una victoria en ese sentido al lograr poner fin a un programa en Texas, que permitía desde 2001 a ciertos jóvenes que no son ciudadanos estadounidenses -pero que vivían y se graduaron de secundaria en ese estado- puedan pagar la misma matrícula universitaria reducida que los residentes legales.