Washington — Maestros, trabajadores sociales, enfermeras y otros trabajadores públicos quedarían excluidos de un popular programa de cancelación de préstamos estudiantiles si la administración de Donald Trump determina que su empleador participó en actividades con un “propósito ilegal sustancial”, según una nueva propuesta federal publicada el viernes.

El Departamento de Educación apuntó a organizaciones sin fines de lucro u organismos gubernamentales que trabajan con inmigrantes y jóvenes transgénero, y publicó planes para revisar el programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público. Los opositores temen que la nueva política convierta el beneficio de condonación de préstamos en una herramienta de retribución política.

La propuesta le daría al secretario de educación la última palabra para decidir si un grupo o entidad gubernamental debe ser excluido del programa, que fue creado por el Congreso en 2007 para alentar a más graduados universitarios a ingresar a campos de servicio público con salarios más bajos. La propuesta dice que la actividad ilegal incluye el tráfico o la “castración química” de niños, la inmigración ilegal y el apoyo a organizaciones terroristas extranjeras. La “castración química” se define como el uso de terapia hormonal o fármacos que retrasan la pubertad: atención de afirmación de género común para niños o adolescentes transgénero.

El presidente Donald Trump ordenó los cambios en marzo, diciendo que el programa de condonación de préstamos estaba dirigiendo el dinero de los contribuyentes a “organizaciones activistas” que representan una amenaza para la seguridad nacional y no sirven al público.

El público tendrá 30 días para opinar sobre la propuesta antes de que pueda finalizarse. Cualquier cambio entraría en vigor en julio de 2026.

Según las normas actuales, los empleados gubernamentales y muchos trabajadores de organizaciones sin fines de lucro pueden cancelar sus préstamos estudiantiles federales después de haber realizado 10 años de pagos. El programa está abierto a trabajadores gubernamentales, incluidos maestros, bomberos y empleados de hospitales públicos, junto con organizaciones sin fines de lucro que se centran en ciertas áreas.

La nueva propuesta excluiría a los empleados de cualquier organización vinculada a una actividad considerada ilegal. El Departamento de Educación predice que menos de 10 organizaciones serían consideradas no elegibles por año. No espera una “reducción significativa” en el porcentaje de prestatarios a los que se les concedería la condonación en virtud del programa, según la propuesta.

Sin embargo, la agencia reconoce que no todas las industrias se verían afectadas de manera uniforme. Escuelas, universidades, proveedores de atención médica, trabajadores sociales y organizaciones de servicios legales se encuentran entre los que tienen más probabilidades de que se ponga en peligro su elegibilidad, escribió el departamento.

No dio más detalles sobre qué acciones “ilegales” estaban tomando esos grupos que podrían impedirles participar en el programa. Pero la propuesta sugiere que realizar atención de afirmación de género en los 27 estados que lo prohíben sería suficiente.

Si un tribunal estatal o federal falla en contra de un empleador, eso podría conducir a su expulsión del programa, o si el empleador está involucrado en un acuerdo legal que incluye una admisión de irregularidades.

Incluso sin una resolución legal, sin embargo, el secretario de educación podría determinar independientemente que una organización debe ser expulsada. El secretario podría juzgar si una organización participó en una actividad ilegal utilizando un estándar legal conocido como la “preponderancia de la evidencia”, lo que significa que es más probable que una acusación sea cierta.

Una vez que una organización es excluida del programa, los futuros pagos de préstamos de sus trabajadores ya no contarían para la cancelación. Tendrían que encontrar trabajo en otro empleador elegible para seguir avanzando hacia el perdón. Una prohibición del Departamento de Educación duraría 10 años o hasta que el empleador completara un “plan de acción correctiva” aprobado por el secretario.

Los críticos criticaron la propuesta como un intento ilegal de utilizar la cancelación de préstamos estudiantiles como arma. Kristin McGuire, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Young Invincibles, que aboga por la condonación de préstamos, lo calificó como un truco político diseñado para confundir a los prestatarios.

“Al utilizar una definición distorsionada y demasiado amplia de ‘actividades ilegales’, la administración de Donald Trump está explotando el sistema de préstamos estudiantiles para atacar a oponentes políticos”, dijo McGuire en un comunicado.

El Departamento de Educación esbozó sus planes para la revisión durante un proceso federal de reglamentación que comenzó en junio. La agencia reunió a un panel de expertos para ayudar a resolver los detalles, un proceso conocido como reglamentación negociada. Pero el panel no logró llegar a un consenso, lo que liberó al departamento para seguir adelante con una propuesta de diseño propio.

La propuesta publicada el viernes incluyó algunos cambios destinados a aliviar las preocupaciones planteadas por el panel de expertos. A algunos les preocupaba que el departamento prohibiera a las organizaciones simplemente por apoyar los derechos de los transgénero, incluso si no tienen participación directa en la atención de afirmación de género. La nueva propuesta aclara que el secretario no expulsaría a las organizaciones por ejercer sus derechos de la Primera Enmienda.