Washington - El gobierno del presidente Donald Trump llevó el miércoles la disputa sobre aranceles a la Corte Suprema, donde solicitó que los jueces lleguen rápidamente a una determinación de que el mandatario tiene la facultad para imponer amplias sanciones comerciales en virtud de la ley federal.

El gobierno instó a la corte a revertir el fallo de un tribunal de apelaciones que determinó que la mayoría de los aranceles que implementó Trump al amparo de una ley de poderes de emergencia eran ilegales.

Se trata de la más reciente en una serie de apelaciones presentadas por el gobierno federal ante una Corte Suprema que Trump ayudó a moldear, y una que se tiene previsto que exponga un elemento central de la política comercial del presidente ante los jueces.

La Corte de Apelaciones para el Circuito Federal dejó los aranceles en vigor por ahora, pero el gobierno pidió a la Corte Suprema que intervenga rápidamente en una solicitud presentada la noche del miércoles y proporcionada a The Associated Press por la parte demandante. Se prevé que sea protocolizada formalmente el jueves.

El procurador general D. John Sauer pidió a los jueces que intervengan en el caso y escuchen los argumentos a principios de noviembre.

“Esa decisión arroja una sombra de incertidumbre sobre las negociaciones extranjeras en curso que el presidente ha estado llevando a cabo a través de aranceles durante los últimos cinco meses, poniendo en riesgo los acuerdos marco ya negociados y las negociaciones en curso”, escribió Sauer. “Lo que está en juego en este caso no podría ser mayor”.

Pero también hay mucho en juego para las pequeñas empresas afectadas por los aranceles y la incertidumbre, subrayó Jeffrey Schwab, abogado principal en Liberty Justice Center.

“Estos aranceles ilegales están infligiendo un enorme daño a las pequeñas empresas y poniendo en peligro su supervivencia. Esperamos una pronta resolución de este caso para nuestros clientes”, expresó.

Las empresas han prevalecido dos veces, la primera vez en un tribunal federal enfocado en comercio, y nuevamente con el fallo de 7 votos a favor y 4 en contra en la corte de apelaciones.

Los aranceles y su implementación errática han sacudido los mercados globales, distanciado a los socios comerciales y aliados de Estados Unidos, e incrementado los temores de que haya precios más altos y un crecimiento económico más lento.

Pero Trump también ha utilizado los gravámenes para presionar a la Unión Europea, Japón y otros países a aceptar nuevos acuerdos comerciales. Los ingresos por aranceles totalizaron 159 mil millones de dólares a finales de agosto, más del doble de lo que eran en el mismo punto el año anterior.

La mayoría de los jueces de la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal encontraron que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés) no le permitía a Trump usurpar el poder del Congreso para establecer aranceles. Los disidentes dijeron que sí le permitía al presidente regular la importación sin limitaciones explícitas durante emergencias.

El fallo involucra dos conjuntos de impuestos de importación, ambos justificados por Trump al declarar una emergencia nacional: los aranceles anunciados por primera vez en abril, y los de febrero sobre importaciones de Canadá, China y México.

La Constitución otorga al Congreso el poder de imponer impuestos, incluidos los aranceles. Pero a lo largo de las décadas, los legisladores han cedido autoridad al presidente, y Trump ha aprovechado al máximo el vacío de poder.

Algunos aranceles de Trump, incluidos los gravámenes al acero, aluminio y automóviles extranjeros, no estaban cubiertos por el fallo del tribunal de apelaciones. Tampoco incluye los aranceles que Trump impuso a China en su primer mandato y que el presidente Joe Biden mantuvo.

Trump puede imponer aranceles bajo otras leyes, pero ellas tienen más limitaciones sobre la rapidez y severidad con la que podría actuar.

El gobierno ha argumentado que, si los aranceles son anulados, podría tener que reembolsar algunos de los impuestos de importación que ha recaudado, lo que supondría un golpe financiero para el Tesoro federal.