Varios fiscales generales de estados gobernados por demócratas afirman que el gobierno del presidente Donald Trump ha dejado de exigir a los estados que cooperen con la agenda de inmigración del mandatario para acceder a fondos federales destinados a programas que ayudan a las víctimas de delitos.

En una serie de comunicados de prensa emitidos el viernes, varios de los fiscales generales anunciaron la liberación de fondos federales de la Ley de Víctimas de Delitos, lo que permite que los estados financien subvenciones de asistencia a víctimas para organizaciones sin fines de lucro, así como sus programas estatales de compensación que brindan ayuda directa a las víctimas de delitos violentos. Funcionarios de 20 estados y Washington, D. C., se unieron a una demanda presentada a finales de agosto en la que se impugna el requisito.

Las condiciones federales impuestas a los fondos amenazaban con recortar fondos a un estado o sub-beneficiario si se negaba a cumplir con las solicitudes de aplicación de la ley de inmigración civil, negaba a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) el acceso a instalaciones o no proporcionaba aviso previo de las fechas de liberación de personas posiblemente buscadas por el ICE debido a su estatus migratorio.

El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, dijo en un comunicado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que supervisa los fondos para víctimas de delitos, eliminaría las condiciones que se habían impuesto para solicitar el dinero. La oficina de Platkin se negó a comentar sobre el estado de la demanda, aunque el viernes aún aparecía activa en el sitio web del tribunal.

En una contestación automática enviada el viernes en respuesta a un correo electrónico remitido a un portavoz de la Oficina de Programas de Justicia se indica que el organismo no respondería debido al cierre del gobierno federal.

“Ante nuestra demanda, el gobierno de Trump ha abandonado su cruel intento de imponer condiciones ilegales a casi $1,400 millones en fondos para apoyar a las víctimas y sobrevivientes de delitos mientras atraviesan su trauma y trabajan para recuperarse”, escribió la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, en un comunicado enviado por correo electrónico.

En la demanda presentada a finales de agosto se solicitó a un juez federal que declarara que las condiciones eran un exceso administrativo, además de ser inconstitucionales.

Cada estado y territorio tiene un programa de compensación a víctimas que sigue las pautas federales, pero en gran medida está establecido bajo la ley estatal para proporcionar ayuda financiera a las víctimas de delitos, incluyendo el reembolso de gastos médicos, el pago por la limpieza de la escena del crimen, asesoramiento o ayuda con los costos funerarios para las víctimas de homicidio. La Ley de Víctimas de Delitos federal cubre el costo de aproximadamente el 75% de las subvenciones de los programas de compensación estatal.

Los fondos también se utilizan para pagar otros servicios, como kits de pruebas de violación, financiamiento de subvenciones para organizaciones de recuperación de violencia doméstica, centros de recuperación de trauma y más.

Defensores y otras personas argumentan que el sistema necesita proteger a las víctimas independientemente de su estatus migratorio y garantizar que el hecho de reportar un delito no genere amenazas de deportación. También dicen que las comunidades marginadas, como las de los inmigrantes recién llegados, son más propensas a ser víctimas de delitos.

El mismo grupo de fiscales generales estatales presentó una demanda conjunta similar esta semana en la que impugna una prohibición al uso de fondos para programas destinados a víctimas de delitos y violencia contra las mujeres para dar servicio a personas que están en el país ilegalmente, argumentando que las restricciones son inconstitucionales, pero también crean una carga indebida para los proveedores de servicios al determinar el estatus migratorio de las víctimas y testigos.