James Comey fue acusado el jueves de hacer una declaración falsa y de obstrucción en un caso penal presentado días después de que el presidente Donald Trump pareciera instar a su fiscal general a procesar al exdirector del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y a otros enemigos políticos percibidos.

La acusación convierte a Comey en el primer ex alto funcionario del gobierno en enfrentar un proceso judicial en relación con uno de los principales agravios de Trump: la ya concluida investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Trump y sus seguidores han descalificado durante años esa investigación como un “engaño” y una “cacería de brujas”, a pesar de múltiples revisiones oficiales que confirmaron que Moscú intervino en favor de la campaña del republicano.

El caso penal probablemente profundice las preocupaciones de que el Departamento de Justicia, bajo la dirección de la fiscal general Pam Bondi —una leal a Trump—, está siendo utilizado como arma en la persecución de investigaciones y ahora de enjuiciamientos contra figuras públicas que el presidente considera sus enemigos políticos.

La acusación fue presentada mientras la Casa Blanca da pasos sin precedentes para ejercer influencia sobre las operaciones del Departamento de Justicia, borrando la línea entre derecho y política en una agencia cuya independencia en la toma de decisiones de enjuiciamiento es un principio fundamental.

Comey fue despedido a los pocos meses del primer mandato de Trump y desde entonces ha sido uno de los principales blancos de los seguidores del expresidente en busca de represalias. Fue señalado por su nombre en una publicación en redes sociales el sábado, en la que Trump se quejaba directamente ante Bondi de que aún no lo había procesado.

La noche siguiente, Trump escribió en Truth Social, dirigiéndose a la fiscal general, que las investigaciones del departamento no habían resultado en enjuiciamientos. Añadió que nominaría a Lindsey Halligan, asistente de la Casa Blanca, como fiscal federal del Distrito Este de Virginia. Halligan ha sido una de las abogadas personales de Trump y no tiene experiencia como fiscal federal.

“No podemos demorarnos más, está matando nuestra reputación y credibilidad”, escribió Trump, refiriéndose al hecho de que él mismo ha sido acusado penalmente e impugnado varias veces. “¡LA JUSTICIA DEBE SERVIRSE, AHORA!”

La oficina que presentó el caso contra Comey, el Distrito Este de Virginia, quedó en crisis la semana pasada tras la renuncia de su fiscal jefe, Erik Siebert, bajo presión para presentar cargos contra otra figura señalada por Trump: la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en una investigación por fraude hipotecario.

Halligan se apresuró a llevar el caso ante un gran jurado esta semana. Los fiscales evaluaban si Comey mintió al Congreso durante un testimonio el 30 de septiembre de 2020, y tenían plazo hasta el martes para presentar el caso antes de que expirara el límite de prescripción de cinco años. El impulso por avanzar se produjo incluso cuando fiscales de la oficina habían detallado en un memorando sus preocupaciones por la persecución de la acusación.

Durante años, Trump ha arremetido contra el hallazgo de las agencias de inteligencia de Estados Unidos de que Rusia lo prefería frente a la demócrata Hillary Clinton en 2016 y contra la investigación penal que buscaba determinar si su campaña había conspirado con Moscú para inclinar el resultado. Los fiscales encabezados por el fiscal especial Robert Mueller no establecieron que Trump o sus asociados hubieran conspirado penalmente con Rusia, pero sí hallaron que la campaña de Trump acogió con gusto la ayuda de Moscú.

Trump ha explotado el hecho de que la investigación de Mueller no encontró colusión criminal entre su campaña y el Kremlin, así como los errores y omisiones significativos cometidos por el FBI en solicitudes de escuchas, para proclamarse reivindicado. Una investigación de varios años sobre posible mala conducta en la investigación de Rusia, a cargo de otro fiscal especial, John Durham, produjo tres casos penales —incluido uno contra un abogado del FBI—, pero no contra altos funcionarios del gobierno.

El caso penal contra Comey no aborda el fondo de la investigación de Rusia. Más bien lo acusa de haber mentido a un comité del Senado en su comparecencia de 2020, cuando dijo que nunca había autorizado a nadie a servir como fuente anónima de un reportero sobre la investigación.

La administración Trump intenta presentar la investigación de Rusia como el resultado de un esfuerzo bajo el expresidente demócrata Barack Obama para exagerar la interferencia de Moscú en las elecciones y socavar la legitimidad de la victoria de Trump.

Funcionarios de la administración, entre ellos el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, han desclasificado una serie de documentos destinados a debilitar la solidez de una evaluación de inteligencia de la era Obama publicada en enero de 2017, que concluía que Moscú había llevado a cabo una amplia campaña de injerencia bajo la dirección del presidente ruso Vladímir Putin.

Durante años, Comey ha sido uno de los principales antagonistas de Trump. Fue un alto funcionario del Departamento de Justicia bajo el presidente republicano George W. Bush, y en 2013 Obama lo eligió para dirigir el FBI, donde permanecía como director cuando la agencia abrió la investigación de Rusia.

La relación de Comey con Trump fue tensa desde el inicio y se agravó cuando Comey se resistió a una petición de Trump en una cena privada en la Casa Blanca de que le prometiera lealtad personal. Esa insinuación perturbó tanto al director del FBI que la documentó en un memorando contemporáneo.

Trump despidió a Comey en mayo de 2017, una acción luego investigada por Mueller por posible obstrucción de la justicia.

Tras ser destituido, Comey autorizó a un amigo cercano a compartir con un reportero el contenido de un memorando no clasificado que documentaba una solicitud de Trump en la Oficina Oval de detener una investigación del FBI sobre su primer asesor de seguridad nacional, Michael Flynn. Trump y sus aliados más tarde calificaron a Comey de “filtrador”, e incluso el expresidente lo acusó de traición. Comey, por su parte, ha descrito a Trump como “egocéntrico” y lo ha comparado con un capo mafioso.

El Departamento de Justicia, durante el primer mandato de Trump, se negó a procesar a Comey por el manejo de sus memorandos. El inspector general del departamento emitió en 2019 un informe muy crítico en el que afirmaba que Comey había violado políticas del FBI, entre ellas no devolver los documentos a la agencia tras ser despedido y compartirlos con sus abogados personales sin permiso del FBI.

A principios de este año, Justicia federal despidió a la hija de Comey, Maurene Comey, de su puesto como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York. Desde entonces, ella ha demandado, alegando que la destitución se produjo sin explicación y por motivos políticos.