El 28 de julio, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detuvieron a Sonny Lasquite, migrante filipino y titular de green card, en el aeropuerto de Charlotte Douglas, Carolina del Norte.

Debe saber que, aunque residía legalmente en Estados Unidos desde hace 23 años, fue puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) apenas regresó de un viaje a las Bahamas. La razón: una alerta en el sistema federal vinculada a un caso de narcóticos de 2012.

De acuerdo con registros judiciales, Lasquite enfrentó cargos por distribución de sustancias controladas entre 2010 y 2012.

Sin embargo, se destacó por colaborar con las autoridades, lo que permitió el desmantelamiento de una red de narcóticos.

El fiscal federal Preet Bharara reconoció en 2014 que su cooperación había sido determinante para otras condenas, motivo por el cual recibió una sentencia mínima de “tiempo cumplido” y una multa simbólica de US$200 .

Desde entonces, no tuvo más problemas legales y se integró a la vida comunitaria en Las Vegas trabajando como mesero y cuidando de su madre.

La abogada de inmigración Rosanna Berardi explicó que la ley actual permite iniciar procesos de remoción por condenas relacionadas con drogas, sin importar los años transcurridos ni la conducta posterior del residente.

Por esta razón, expertos recomiendan que los residentes permanentes soliciten la ciudadanía estadounidense en cuanto sean elegibles. A diferencia de los residentes con green card, los ciudadanos naturalizados no pueden ser deportados por viejas condenas penales.

La familia de Lasquite lanzó una campaña para recaudar fondos que cubran su defensa legal y los gastos médicos de su madre, cuya salud se deterioró a raíz del arresto.