Minneapolis - Los casos judiciales que involucran a iglesias de las Ciudades Gemelas y la represión migratoria ponen de relieve cómo el agrio debate sigue sacudiendo a las comunidades de fe en Estados Unidos, más de seis meses después de que el operativo federal convirtiera a Minnesota en un símbolo de desafío a las políticas del gobierno del presidente Donald Trump.

En un caso, una iglesia bautista de Minneapolis —junto con congregaciones de todo el país— pidió que se reprenda al gobierno después de que espió actividades relacionadas con protestas en su propiedad. En otro, más de tres docenas de manifestantes solicitaron que se desestimen sus cargos después de que interrumpieron una ceremonia religiosa en una iglesia de St. Paul en la que uno de los pastores también era funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Incluso congregaciones no involucradas en los casos judiciales dicen que todavía sienten las repercusiones del incremento de varias semanas en las operaciones migratorias del invierno pasado. Manifestantes confrontaron a diario a las fuerzas federales del orden, y la muerte de dos manifestantes desató indignación a nivel mundial.

Los agentes de inmigración ya no están visiblemente activos en la misma manzana residencial que la iglesia luterana Santa Trinidad en Minneapolis. Pero su pastora dice que los letreros que se colocaron en enero con el mensaje “¡Aquí todos son bienvenidos! Excepto el I.C.E.” siguen allí.

“No preveo que llegue el momento en que los quiten. Queremos que nuestro edificio siga siendo un santuario para muchas personas”, comentó la reverenda Ingrid Rasmussen. Su iglesia proporcionó silbatos, que manifestantes en toda la ciudad usaron para alertar a los vecinos sobre la presencia de las fuerzas del orden.

Durante décadas, las congregaciones han estado en la primera línea de la ayuda a inmigrantes y refugiados, ya sea dentro de sus comunidades de fe o mediante diversas labores, desde la distribución de alimentos en la frontera entre Estados Unidos y México hasta la incidencia política en Washington.

Como parte de su amplia ofensiva contra la inmigración ilegal, el actual gobierno de Trump dio a los agentes más margen de maniobra para realizar arrestos en lugares de culto.

En respuesta, decenas de grupos religiosos presentaron demandas, lo que marcó el inicio de una relación más abiertamente confrontativa entre muchos líderes religiosos y las autoridades federales.

Eso ha continuado durante los operativos intensivos del otoño pasado y del invierno en distintas partes del país, en los que líderes religiosos han sido arrestados durante protestas contra la represión migratoria y han presentado demandas para poder realizar visitas pastorales a migrantes detenidos.

“Ha habido un aumento bastante drástico de demandas presentadas relacionadas con el apoyo de personas de fe a los migrantes”, expresó Elizabeth Reiner Platt, directora del Proyecto de Derecho, Derechos y Religión del Union Theological Seminary.

Los grupos religiosos han logrado varias victorias “prometedoras”, indicó, y añadió que los litigios en curso muestran cuán impopular es entre muchas personas religiosas el enfoque agresivo del gobierno para detener a los inmigrantes ilegales.

Ambos casos en Minnesota se centran en la idea de proteger un espacio sagrado y el derecho de las personas a practicar su culto: en un caso, frente a la intromisión del gobierno, y en el otro, frente a personas que protestan contra la ofensiva migratoria.

A mediados de agosto, surgieron documentos judiciales en un caso separado que involucra a 15 personas, acusadas por fiscales federales de obstaculizar la ofensiva migratoria en Minneapolis. Los documentos revelaron que agentes federales habían llevado a cabo una operación de vigilancia encubierta, dirigida a grupos que encabezaron protestas previamente este año.

Entre los acusados había un organizador de un grupo de artes marciales que, según el gobierno, estaba entrenando a manifestantes para impedir físicamente arrestos. Algunas reuniones del grupo ocurrieron en el gimnasio de la iglesia University Baptist en Minneapolis, y agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) realizaron allí operaciones de vigilancia en cuatro ocasiones —incluida una con un agente encubierto dentro—, según los documentos judiciales.

La iglesia es miembro de American Baptist Churches USA y de la Alliance of Baptists, dos de varios grupos que en febrero obtuvieron una orden judicial que bloquea la mayor parte de la aplicación de las leyes migratorias en las iglesias afiliadas a nivel nacional.

Los grupos pidieron al mismo juez federal que determine que el DHS violó esa orden, que le dé órdenes a sus agentes al respecto, y que además revele si otros lugares de culto formaron parte de operaciones de vigilancia.

En documentos judiciales, el gobierno sostiene que su operación no violó la orden porque no se trataba de la aplicación de leyes migratorias. Más bien, estaban investigando a un sospechoso por entrenar a “individuos para cometer actos de violencia contra agentes y empleados federales”.

Se llevó a cabo una audiencia el 4 de septiembre y el fallo está pendiente. Un portavoz del DHS dijo que no comenta “sobre la existencia o el estado de investigaciones específicas en curso, ni sobre métodos de investigación”.

El pastor interino de la iglesia University Baptist dijo que para la pequeña congregación la vigilancia fue “muy perturbadora”, pero también resultó motivadora para redoblar su labor activista.

“Consideramos que el mensaje de Jesús nos impulsa a estar donde las personas son más vulnerables”, manifestó el reverendo Cody J. Sanders.

Para Kevin Friedl, abogado de la Democracy Forward Foundation —un organismo activista que representa a los grupos religiosos—, en última instancia el caso gira en torno a ofrecer santuario.

“Para muchos, la religión —poder reunirse con otras personas en su iglesia u otro lugar de culto— es una fuente importante y crucial de consuelo y alivio en tiempos difíciles, que es lo que estamos viviendo”, expresó. “Este gobierno quiere negarles eso”.

El argumento de que las iglesias son espacios protegidos y que los fieles tienen derechos frente a la intromisión también está apuntalando el caso sobre la protesta en enero en la iglesia Cities contra la represión migratoria, en la capital de Minnesota.

Más de tres docenas de personas —incluido el experiodista Don Lemon de CNN y destacados activistas locales— enfrentan cargos federales de derechos civiles tras ingresar a la iglesia bautista del sur, donde uno de los pastores también era un dirigente de la oficina local del ICE.

Durante el culto dominical, algunos se acercaron al púlpito, otros corearon en voz alta “Fuera el ICE” y “Renee Good”, en referencia a la mujer que murió tras ser baleada el 7 de enero por un agente del ICE en Minneapolis.

En agosto se presentaron una serie de mociones para desestimar los casos, que serán escuchadas a finales de octubre. Algunas sostienen que los cargos equivalen a una “acusación selectiva o vengativa”, y citan el hecho de que la iglesia University Baptist haya estado sujeta a vigilancia. Argumentan que “las afirmaciones del gobierno de que esta acusación se basa en el deseo de proteger el derecho a practicar la religión quedan desmentidas por la extraordinaria libertad que ha otorgado al ICE para violar la sacralidad de las iglesias”, según documentos judiciales.

“Están usando estos casos para tratar de obtener información sobre todo el movimiento de resistencia”, denunció Jordan Kushner, abogado que representa a varios acusados.

Un abogado que representa a la iglesia Cities replicó que el asunto en cuestión es “una invasión durante el culto”.

“Nadie tiene derecho a irrumpir en una iglesia”, sostuvo Doug Wardlow, y añadió que la protesta —y otras más pequeñas, al aire libre, que siguen ocurriendo durante los horarios de culto— “impactó de manera traumática la vida de la iglesia”.

Líderes religiosos en todas las Ciudades Gemelas dicen que todavía lidian con las secuelas del operativo migratorio, ya sea el miedo persistente entre los migrantes, las tensiones por la vigilancia del gobierno o las constantes solicitudes de ayuda financiera.

Muchos feligreses se preguntan quién más estuvo bajo vigilancia federal, dijo la reverenda Mariah Furness Tollgaard, pastora principal de la iglesia Hamline en St. Paul. Ella fue detenida brevemente en una protesta contra las deportaciones en el aeropuerto de Minneapolis en enero.

Varias congregaciones protestantes que fueron explícitas en su postura contra la represión migratoria han incrementado sus medidas de seguridad.

Aunque muchas siguen comprometidas con su labor activista, esto está pasando factura.

“La sensación general que recibimos de líderes y congregaciones es simplemente cansancio; hay agotamiento más que cualquier otra cosa”, observó Nicholas Tangen, del Sínodo del Área de Minneapolis de la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.