Washington — La Casa Blanca violó una orden judicial sobre deportaciones a terceros países con un vuelo vinculado a la caótica nación africana de Sudán del Sur, declaró el miércoles un juez federal, horas después de que el gobierno del presidente Donald Trump reconociera haber expulsado a ocho migrantes que habían sido declarados culpables de crímenes violentos, pero se negó a revelar a dónde fueron trasladados.

La declaración del juez fue una reprimenda notablemente sonora a las iniciativas de deportación del gobierno.

En una audiencia de emergencia convocada para abordar los informes de que inmigrantes habían sido enviados a Sudán del Sur, el juez Brian E. Murphy en Boston señaló que los ocho migrantes a bordo del avión no recibieron una oportunidad adecuada de objetar que la deportación podría ponerlos en peligro. Minutos antes de la audiencia, funcionarios del gobierno acusaron a “jueces activistas” de abogar por la liberación de criminales peligrosos.

“Las acciones del departamento en este caso son sin duda una violación de la orden de este tribunal”, declaró Murphy, argumentando que los deportados no tuvieron una “oportunidad significativa” de objetar ser enviados a Sudán del Sur. El grupo fue sacado de Estados Unidos apenas horas después de ser notificado, sin tener la oportunidad de contactar a abogados que pudieran denunciar la medida en los tribunales.

Abogados del gobierno argumentaron que los hombres tenían antecedentes en el sistema migratorio, y que anteriormente habían tenido oportunidad de expresar su temor a ser deportados a un país que no fuese el suyo. Especificaron también que el juez no especificó cuánto tiempo debe pasar entre la notificación y la deportación, lo que dejaba margen para malos entendidos.

Los países de origen de los migrantes —Cuba, Laos, México, Myanmar, Vietnam y Sudán del Sur— no los aceptarían de regreso, según Todd Lyons, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), quien habló con periodistas en Washington. Más tarde señaló que los migrantes provenían de países que a menudo no aceptan a todos sus ciudadanos deportados, o en ellos había otras situaciones que significaban que no podían ser enviados a casa.

“Estos representan las verdaderas amenazas a la seguridad nacional”, declaró Lyons en una conferencia de prensa. Detrás de él había varias fotos de hombres que, según él, habían sido declarados culpables de violación, homicidio, robo a mano armada y otros delitos.

Funcionarios del gobierno, que en repetidas ocasiones han chocado con los tribunales por sus intentos de deportar a grandes cantidades de inmigrantes, expresaron claramente su descontento el miércoles.

Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, “están trabajando todos los días para sacar a estos criminales despiadados de las calles estadounidenses, y mientras tanto jueces activistas están del otro lado, luchando para que regresen a suelo estadounidense”, denunció Tricia McLaughlin, portavoz del departamento. Señaló a las fotografías y dijo que se trataba de “monstruos” que Murphy “está tratando de proteger”.

Funcionarios de Seguridad Nacional divulgaron pocos detalles específicos sobre el vuelo de deportación. Dijeron que el vuelo salió el martes con ocho personas a bordo y que el miércoles permanecían bajo custodia del departamento. Los funcionarios indicaron que no podían divulgar el destino final de los migrantes por “seguridad operativa”.

El caso se da en medio de una amplia represión a la inmigración por parte del gobierno republicano, que ha prometido deportar a millones de personas que viven en Estados Unidos sin permiso legal. El enfrentamiento jurídico es el punto de conflicto más reciente, en un momento en que el gobierno arremete contra jueces cuyas decisiones han ralentizado las políticas del presidente.

En gran medida el Congreso ha guardado silencio o ha apoyado al gobierno. Ante ello, opositores a la agenda de Trump han presentado cientos de demandas, y los jueces han emitido docenas de órdenes contra las autoridades. La inmigración ha sido el tema más polémico. Está el caso de la deportación errónea de un inmigrante que vivía en Maryland a una prisión en El Salvador, así como la movilización de Trump para deportar rápidamente a presuntos miembros de pandillas venezolanas sin que haya previamente una revisión judicial.

Funcionarios del gobierno insistieron en que los hombres deportados recibieron el debido proceso, pero no proporcionaron detalles. Abogados de derechos de inmigración alegan que las deportaciones violaron la orden de Murphy, emitida por primera vez en marzo, que dice que las personas deben tener una oportunidad de argumentar que ir a algún sitio fuera de su patria los pondría en peligro antes de ser deportados, incluso si ya han agotado todos sus recursos jurídicos.

“El gobierno sigue negándose a brindar el debido proceso a nuestros clientes, lo que significa que no les están avisando sobre el país al que están siendo deportados, notificación adecuada en un idioma que entiendan, y no se les está dando una oportunidad significativa de argumentar temor basado en esos países”, dijo Trina Realmuto, directora ejecutiva de la National Immigration Litigation Alliance, fuera del tribunal.

“Estos son países a los que el Departamento de Estado no quiere que los estadounidenses viajen. Son categóricamente inseguros”, añadió.

Dentro de la corte, Realmuto le pidió al juez que ordenara el regreso de los individuos a Estados Unidos. “No son menos merecedores de protección que cualquier otro ser humano en este planeta”, expresó.

El gobierno argumentó que las entrevistas con los hombres sobre sus temores podrían realizarse en el lugar en donde se encuentran detenidos actualmente, y confirmó con Murphy que se pueden organizar. Realmuto calificó esto como una “pesadilla logística” que castiga a los hombres por las violaciones del gobierno a la orden del juez. Añadió que sería complicado conseguirles asesoría legal e intérpretes, un esfuerzo que se dificulta por la diferencia horaria.

Murphy, quien planteó la posibilidad de desacato penal para cualquier “involucrado en una deportación ilegal”, ordenó más tarde el miércoles que el gobierno realice una nueva serie de entrevistas con los migrantes si se puede encontrar un lugar apropiado. Indicó que el gobierno era bienvenido a traer de regreso a los migrantes, pero no ordenó que lo hicieran.

Los abogados de los migrantes le dijeron al juez que las autoridades de inmigración podrían haber enviado a África a hasta una docena de personas de varios países.

La aparente remoción de un hombre de Myanmar fue confirmada en un correo electrónico de un funcionario de inmigración en Texas, según documentos judiciales. Se le informó solo en inglés, un idioma que no habla bien, y sus abogados se enteraron del plan horas antes de su vuelo de deportación, señalaron.

Una mujer también informó que su esposo de Vietnam y hasta otras 10 personas fueron trasladados a África el martes por la mañana, escribieron los abogados de la National Immigration Litigation Alliance.

Murphy, quien fue nominado por el entonces presidente demócrata Joe Biden, halló anteriormente que cualquier plan para deportar personas a Libia sin previo aviso “claramente” violaría su fallo.

Por su parte, el mayor general James Monday Enoka, portavoz de la policía de Sudán del Sur, dijo a The Associated Press el miércoles que no habían llegado migrantes al país y que, si lo hacen, serían investigados y nuevamente “deportados a su país correcto” si se determina que no son sursudaneses.

Edmund Yakani, director ejecutivo del grupo activista Community Empowerment for Progress Organization de Sudán del Sur, cuestionó por qué personas declaradas culpables de crímenes en Estados Unidos serían enviadas allí. “¿Es Sudán del Sur una tierra de personas que son menos humanas y que merecen recibir perpetradores de violaciones de derechos humanos? ¿Sin ninguna explicación pública?”, preguntó.

Algunos países no aceptan deportaciones desde Estados Unidos. Eso ha llevado al gobierno a llegar a acuerdos con otras naciones, como Panamá, para albergarlos. El gobierno de Trump ha enviado venezolanos a una notoria prisión en El Salvador amparado en una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, una acción que está siendo impugnada en los tribunales.

Sudán del Sur ha soportado repetidas olas de violencia desde que se independizó de Sudán en 2011, en medio de esperanzas de que pudiera usar sus grandes reservas de petróleo para traer prosperidad a una región azotada por la pobreza. Hace sólo unas semanas, el principal funcionario de la ONU en el país advirtió que los enfrentamientos entre fuerzas leales al presidente y un vicepresidente amenazaban con volver a convertirse en una guerra civil a gran escala.

El informe anual del Departamento de Estado sobre Sudán del Sur, publicado en abril de 2024, dice que “los problemas significativos de derechos humanos” incluyen asesinatos arbitrarios, desapariciones, torturas o tratos inhumanos por parte de las fuerzas de seguridad, y una violencia extensa basada en el género y la identidad sexual.

El Departamento de Seguridad Nacional ha otorgado Estatus de Protección Temporal a un pequeño número de sursudaneses que ya viven en Estados Unidos, protegiéndolos de la deportación porque se consideró que las condiciones eran inseguras para su retorno. Recientemente Noem extendió esas protecciones hasta noviembre para permitir una revisión más exhaustiva.

Estados Unidos es uno de los mayores donantes a los programas de ayuda humanitaria en el país africano, con un financiamiento total en 2024 que supera los $640 millones.