San Francisco — Se estima que 5,000 venezolanos a los que se les concedió el estatus de protección temporal pueden seguir trabajando y viviendo en Estados Unidos a pesar de un fallo de la Corte Suprema que revoca las protecciones mientras está pendiente su demanda contra la administración de Donald Trump.

El juez de distrito de Estados Unidos, Edward Chen, en San Francisco, dictaminó el viernes que los venezolanos cuyo estatus de protección temporal se extendió hasta octubre de 2026 no se ven afectados por la orden de la Corte Suprema y no son elegibles para la deportación.

El mes pasado, la Corte Suprema dio luz verde a la administración republicana para despojar del TPS a unos 350,000 venezolanos que habrían expirado en abril. Al hacerlo, el tribunal suspendió la orden de Chen que impedía a la administración revocar las protecciones concedidas bajo el mandato del presidente Joe Biden.

Los jueces no dieron ninguna justificación, lo cual es común en las apelaciones de emergencia. Pero señalaron a los solicitantes que habían recibido autorización de trabajo y otros documentos con nuevas fechas de vencimiento del 2 de octubre de 2026.

Chen dijo en una audiencia el viernes que los jueces podrían haberse quedado en silencio con respecto a ese subconjunto de personas, pero no lo hicieron. Su tribunal continúa escuchando la demanda subyacente de que las revocaciones de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fueron ilegales.

El TPS permite a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente porque sus países de origen se consideran inseguros para el regreso debido a desastres naturales o conflictos civiles.

El presidente Donald Trump prometió en la campaña electoral deportar a millones de personas, y en el cargo ha tratado de desmantelar las políticas de la administración de Joe Biden que ampliaban las vías para que los migrantes vivieran legalmente en Estados Unidos.