Un juez rechazó el miércoles una solicitud de la administración de Donald Trump para desclasificar transcripciones del gran jurado sobre Jeffrey Epstein realizadas hace años en Florida, aunque una solicitud similar para el trabajo de un gran jurado distinto sigue pendiente en Nueva York.

La jueza federal Robin Rosenberg, en West Palm Beach, dijo que la solicitud para divulgar documentos del gran jurado de 2005 y 2007 no cumplía con ninguna de las excepciones extraordinarias contempladas por la ley federal que permitirían hacerlos públicos.

El Departamento de Justicia pidió la semana pasada la liberación de estos registros para calmar la indignación entre los simpatizantes del presidente Donald Trump, quienes creen que hubo una conspiración para proteger a los clientes de Epstein, ocultar videos de crímenes y otras pruebas.

En 2008, Epstein llegó a un acuerdo con los fiscales federales en Florida que le permitió evitar cargos federales más graves y, en su lugar, declararse culpable de cargos estatales por procurar a una persona menor de 18 años para prostitución y por solicitud de prostitución.

El fiscal general adjunto Todd Blanche solicitó a jueces en Florida y Nueva York que desclasificaran las transcripciones de los procedimientos del gran jurado que resultaron en acusaciones contra Epstein y su exnovia Ghislaine Maxwell, afirmando que “la transparencia con el público estadounidense es de máxima importancia para esta administración”.

Los grandes jurados federales escuchan pruebas en secreto y luego deciden si hay suficientes evidencias para emitir una acusación formal. Expertos señalan que las transcripciones probablemente no revelarían mucho, ya que los fiscales usualmente presentan solo el material necesario para obtener cargos, sin introducir toda la investigación.

Epstein, un adinerado financista, fue arrestado en 2019 y acusado de tráfico sexual a nivel federal, mientras que Maxwell fue acusada de ayudarlo a abusar de adolescentes.

Epstein fue hallado muerto en su celda en una cárcel federal en la ciudad de Nueva York aproximadamente un mes después de su arresto. Los investigadores concluyeron que se suicidó. Maxwell posteriormente fue condenada en juicio y sentenciada a 20 años de prisión.

El caso atrajo atención debido a los vínculos de Epstein y Maxwell con personas famosas, incluidos miembros de la realeza, presidentes y multimillonarios. También dio lugar a algunas de las teorías conspirativas más difundidas entre la base de seguidores de Trump.

La polémica por los registros fue avivada por el propio Departamento de Justicia. En febrero, se invitó a “influencers” de extrema derecha a la Casa Blanca, donde se les entregaron carpetas marcadas como “Los archivos Epstein: Fase 1” y “Desclasificado”. Las carpetas contenían documentos que en su mayoría ya eran de dominio público.

El Departamento reconoció el 7 de julio que Epstein no tenía una lista de clientes. También informó que no se harían públicos más archivos relacionados con su caso.

Un memorando de dos páginas con los logotipos del FBI y del Departamento de Justicia —pero sin firma de ninguna persona— señaló que el departamento determinó que ninguna “divulgación adicional sería apropiada o justificada.”