Una jueza federal acordó el lunes suspender temporalmente la versión más reciente de una política del gobierno de Donald Trump que exige a los miembros del Congreso avisar con una semana de antelación antes de poder visitar centros de detención de inmigrantes.

La jueza de distrito Jia Cobb, en Washington, dictaminó que es probable que un grupo de legisladores demócratas logre demostrar que el requisito de aviso de siete días es ilegal y excede la autoridad del gobierno federal.

La jueza señaló que el gobierno federal no ha citado “ejemplos concretos de problemas de seguridad planteados por visitas del Congreso sin aviso previo”.

Trece miembros de la Cámara de Representantes presentaron una demanda para impugnar la política emitida el 8 de enero por la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem. Cobb había bloqueado una versión anterior de la política en diciembre. Determinó que muy probablemente es ilegal que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) exija una semana de aviso a los miembros del Congreso que quieran visitar y observar las condiciones en instalaciones del ICE.

“Los demandantes están sin duda frustrados con los repetidos intentos de los demandados de imponer un requisito de aviso”, escribió Cobb. “Pero, al tomar nuevas medidas, los demandados están obligados a acatar los términos de la orden del tribunal y actuar de manera coherente con los principios jurídicos expuestos en esta opinión”.

Sin embargo, Noem restableció en secreto otro requisito de aviso un día después de que un agente del ICE disparara y matara a la ciudadana estadounidense Renee Good en Minneapolis. Era casi idéntico a la versión que Cobb bloqueó en diciembre.

Tres días después del homicidio, se impidió a tres legisladores demócratas de Minnesota visitar una instalación del ICE cerca de Minneapolis. DHS no reveló la nueva versión de la política hasta después de que las representantes Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig fueran rechazadas inicialmente en la instalación, según los abogados de los demandantes.

Una ley prohíbe al gobierno usar fondos generales asignados para impedir que los miembros del Congreso ingresen a instalaciones del DHS con fines de supervisión. Cobb concluyó que es “altamente probable” que el gobierno del presidente Donald Trump haya utilizado fondos restringidos para promulgar y hacer cumplir la nueva política.

Cobb fue nominada al cargo por el expresidente Joe Biden.