El Gobierno federal no puede impedir que las prestaciones del mayor programa de ayuda alimentaria del país se utilicen para comprar caramelos, refrescos y otras bebidas azucaradas, según ha dictaminado una jueza.

La sentencia frena las restricciones que ya están en vigor o previstas en 23 estados para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), financiado por el Gobierno federal y gestionado por los estados. El Gobierno del presidente Donald Trump no ha indicado si recurrirá ante un tribunal superior.

La jueza federal de distrito Amy Berman Jackson, con sede en Washington y nombrada para el cargo por el expresidente Barack Obama, señaló en su dictamen que la sentencia se debió a que el Gobierno federal no se ajustó a su propia definición de “alimento”. Aclaró que no se trataba de un pronunciamiento sobre si las restricciones son una buena idea.

“Los demandados federales y los estados pueden tener un deseo genuino de mejorar la salud de los hogares beneficiarios del SNAP fomentando elecciones saludables en la tienda, y pueden adoptar medidas legales para alcanzar esos objetivos”, escribió. “Pero lo que no pueden hacer es infringir la ley y sus propias normas al mismo tiempo”.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., han animado a los estados a limitar los productos que se pueden comprar con la ayuda alimentaria, como parte de la campaña “Make America Healthy Again” (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable).

Sostienen que los refrescos y los caramelos contribuyen al aumento de la obesidad, la diabetes y las enfermedades crónicas, y que su exclusión de la lista fomentaría la elección de alimentos más saludables.

Hasta ahora, el Departamento de Agricultura federal (USDA, en inglés) ha autorizado a 23 estados a imponer restricciones. Algunas ya se han aplicado, mientras que está previsto que otras entren en vigor en los próximos meses y años.

Al menos un estado que tenía previsto limitar la compra de refrescos y caramelos cambió de rumbo a principios de este año. La Junta de Servicios Humanos de Colorado votó en contra de aplicar la prohibición tras una audiencia celebrada en marzo, en la que los beneficiarios del programa SNAP y los defensores afirmaron que las personas se enfrentarían a estigmas si, por error, intentaran utilizar las prestaciones en artículos prohibidos. También señalaron que las normas eran confusas, ya que habrían permitido comprar bebidas con al menos un 50% de zumo de frutas o verduras, pero no aquellas con menos.

Aunque los objetivos son similares, las normas concretas varían según el estado. Algunos querían prohibir las bebidas azucaradas y los caramelos, mientras que otros solo pretendían prohibir las primeras.

Los beneficiarios del programa SNAP en Colorado, Iowa, Nebraska, Tennessee y Virginia Occidental han presentado un recurso judicial contra la prohibición de los dulces y los refrescos, que en algunos estados incluye productos como las bebidas deportivas.

Jackson señaló que el principal error jurídico al restringir lo que se podía comprar con las prestaciones del SNAP se debió a que contradecía la definición de “alimento” establecida por el Congreso.

Según la ley, las prestaciones del SNAP —antes conocidas como cupones de alimentos— pueden utilizarse para “cualquier alimento o producto alimenticio destinado al consumo doméstico, salvo bebidas alcohólicas, tabaco, alimentos calientes o productos alimenticios calientes listos para su consumo inmediato”.

El gobierno puede eximir del cumplimiento de ciertos requisitos, pero limitar el uso de las prestaciones destinadas a mejorar la nutrición no figura como motivo para ello. Sin embargo, cuando los estados solicitaron al USDA que les permitiera restringir las compras, sus solicitudes incluían el uso de definiciones alternativas del término “alimento”.

Rollins sugirió en las redes sociales que el Gobierno “seguirá luchando para que Estados Unidos vuelva a ser un país saludable”, aunque no aclaró directamente si se presentará un recurso de apelación. Rollins afirmó que “una jueza activista acaba de bloquear nuestra restricción, basada en el sentido común, sobre el uso de las prestaciones del SNAP para refrescos y comida chatarra”.

El caso es una de las decenas de impugnaciones a las políticas del Gobierno de Trump que dependen de si el Gobierno tiene competencia para modificar dichas políticas sin la aprobación del Congreso.

Aunque se trata de un gran programa que ayuda a casi 39 millones de estadounidenses —aproximadamente 1 de cada 9— a comprar alimentos, el SNAP suele pasar bastante desapercibido. Pero la situación ha cambiado desde que Trump volvió a ocupar el cargo el año pasado.

En virtud de la amplia ley fiscal y de políticas aprobada el año pasado, hay más beneficiarios sujetos a requisitos laborales y se exige a los estados que sufraguen una mayor proporción de los costes administrativos; además, podrían tener que asumir los costes de las prestaciones si sus índices de error son demasiado elevados.

El año pasado, durante un cierre del Gobierno, los tribunales impidieron que la Administración suspendiera las prestaciones. Por su parte, Rollins ha afirmado que existe un fraude generalizado en el programa.