Una juez federal emitió el jueves una orden judicial preliminar que detiene la expansión de un centro de detención de inmigrantes construido en medio de los Everglades de Florida y apodado “Alligator Alcatraz” (Alcatraz de los Caimanes), que, según los defensores, violaba leyes ambientales.

La jueza de distrito de Estados Unidos, Kathleen Williams formalizó con esta orden una suspensión temporal que había dictado dos semanas antes, mientras continuaban los testimonios en una audiencia de varios días para determinar si la construcción debía cesar hasta que se resolviera el caso de forma definitiva.

La jueza indicó que esperaba que la población del centro disminuyera en un plazo de 60 días mediante el traslado de los detenidos a otras instalaciones. Una vez logrado esto, deberían retirarse las cercas, la iluminación y los generadores eléctricos.

El presidente Donald Trump visitó el centro el mes pasado y sugirió que podría servir como modelo para futuras instalaciones a nivel nacional, mientras su administración se apresura a ampliar la infraestructura necesaria para incrementar las deportaciones.

Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee argumentaron que se debía detener toda construcción y operación hasta que las autoridades federales y estatales cumplieran con las leyes ambientales. Su demanda alega que el proyecto amenaza humedales ambientalmente sensibles, hogar de especies protegidas de plantas y animales, y podría revertir miles de millones de dólares en trabajos de restauración ambiental.

Los abogados de los gobiernos estatal y federal argumentaron que, aunque el centro de detención albergaría detenidos federales, la construcción y operación del centro era completamente responsabilidad del estado de Florida, por lo que no se aplicaban las leyes ambientales federales.

Sin embargo, la jueza declaró que el centro de detención era, como mínimo, una asociación conjunta entre el estado y el gobierno federal.

El centro fue construido rápidamente hace casi dos meses en un aeropuerto de entrenamiento con una sola pista, poco utilizado, en medio de los Everglades. Actualmente alberga a varios cientos de detenidos, pero fue diseñado para alojar eventualmente hasta 3,000 personas en estructuras temporales de carpas.

Dentro de las grandes carpas blancas del complejo, hay hileras de literas rodeadas por cercas de malla metálica. Las personas detenidas allí dicen que aparecen gusanos en la comida, los inodoros no descargan y desbordan desechos fecales, mientras que los mosquitos y otros insectos están por todas partes. A veces, los aires acondicionados se apagan repentinamente en medio del calor sofocante. Se dice que los detenidos pasan días sin ducharse ni recibir medicamentos recetados, y solo pueden comunicarse con abogados y seres queridos por teléfono.

Testigos de los grupos ambientalistas testificaron durante la audiencia que se habían agregado al menos 20 acres (8 hectáreas) de asfalto al sitio desde que la División de Manejo de Emergencias de Florida comenzó la construcción. Afirmaron que más pavimentación podría aumentar el escurrimiento de agua hacia los humedales adyacentes, dispersar químicos dañinos en los Everglades y reducir el hábitat de los panteras de Florida en peligro de extinción.

Amy Castañeda, directora de recursos hídricos de la tribu Miccosukee, testificó que el escurrimiento de nutrientes del centro de detención podría llegar a tierras tribales, alterando el crecimiento de la vegetación. Esto podría provocar la muerte de peces y bloquear el paso de personas y vida silvestre por ciertas áreas, dijo.

David Kerner, director ejecutivo del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados, testificó que el gobierno federal no le indica al estado dónde detener a los inmigrantes, y que la instalación en los Everglades fue construida para aliviar la sobrepoblación en los centros de detención federales de inmigración, así como en instalaciones estatales y del condado que tienen acuerdos para albergar detenidos federales.

Según la ley ambiental federal de 55 años de antigüedad, las agencias federales debieron haber evaluado cómo la construcción del centro de detención afectaría al medio ambiente, identificado formas de minimizar el impacto y seguido otros procedimientos como permitir comentarios públicos, según los grupos ambientalistas y la tribu.

La demanda afirma que no importa que el centro haya sido construido por el estado de Florida, ya que las agencias federales tienen autoridad sobre la inmigración.

Los abogados de las agencias federales y estatales pidieron a la jueza Williams que desestimara o trasladara la solicitud de orden judicial, argumentando que la demanda fue presentada en una jurisdicción incorrecta. Williams dictaminó el jueves que su tribunal era el lugar adecuado para el caso.

Las demandas están siendo evaluadas mientras la administración del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, aparentemente se prepara para construir un segundo centro de detención de inmigrantes en un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional de Florida en el norte del estado.

Una segunda demanda, presentada por grupos de derechos civiles, afirma que se están violando los derechos constitucionales de los detenidos, ya que se les impide reunirse con abogados, están detenidos sin cargos y un tribunal federal de inmigración ha cancelado las audiencias de fianza. Un juez federal en Miami desestimó esta semana parte de esa demanda y transfirió el resto del caso a otra jurisdicción.