La Universidad Northwestern, ubicada en Evanston (Illinois), ha acordado pagar $75 millones al gobierno de Estados Unidos para recuperar los fondos federales que le fueron retirados por presuntas violaciones de derechos civiles.

El Departamento de Justicia (DOJ) indica en un comunicado que la entidad deberá abonar este dinero a la administración del presidente Donald Trump hasta 2028.

De este modo, el Gobierno cerrará “las investigaciones pendientes” y considerará a Northwestern “elegible para futuras subvenciones, contratos y premios”, apunta el DOJ.

Como parte del acuerdo, el centro educativo también se compromete a no priorizar a estudiantes “en función de su raza, color u origen” en los procesos de admisión, becas, contrataciones ni ascensos.

Además, la institución deberá diseñar “políticas y procedimientos claros” en relación con manifestaciones y protestas, y tendrá que impulsar “capacitación obligatoria” sobre antisemitismo para todos los estudiantes.

El pasado abril, el Gobierno de Trump bloqueó $790 millones en fondos para la universidad en el marco de investigaciones por presunto antisemitismo y discriminación racial, resultado de sus intentos por aumentar la diversidad en sus campus.

Esta pausa en la financiación afectaba principalmente a subvenciones de contratos en departamentos de agricultura, defensa, educación, salud y servicios sociales.

Northwestern es una de las universidades de élite estadounidenses que han visto sus fondos amenazados, como Brown, Cornell, Harvard o Columbia.

En su caso, Columbia aceptó a finales de marzo una serie de requisitos del Gobierno con el fin de mantener sus $400 millones en financiación, retirados también por presunto antisemitismo.

“El acuerdo marca otra victoria en la lucha del Gobierno de Trump para garantizar que las instituciones educativas estadounidenses protejan a los estudiantes judíos y pongan el mérito en primer lugar”, asegura en el comunicado la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

Por su parte, la secretaria de Educación, Linda McMahon, afirma que el acuerdo “protegerá a los estudiantes y otros miembros del campus frente al acoso y la discriminación”.