Washington - El mes pasado, la administración del presidente Donald Trump adjudicó un contrato de hasta $1,200 millones para construir y operar el que, según dice, se convertirá en el mayor complejo de detención de inmigrantes del país. No recurrió a un gran contratista gubernamental ni siquiera a una empresa especializada en prisiones privadas.

En cambio, entregó el proyecto en una base militar a Acquisition Logistics LLC, una pequeña empresa que no tiene experiencia en la gestión de un centro penitenciario y que nunca había ganado un contrato federal por valor de más de $16 millones. La empresa tampoco tiene un sitio web en funcionamiento y su dirección es una modesta casa en los suburbios de Virginia, propiedad de un oficial de vuelo retirado de la Marina de 77 años.

El misterio en torno a la adjudicación no hizo sino aumentar la semana pasada, cuando la nueva instalación comenzó a aceptar a sus primeros detenidos. El Pentágono se ha negado a hacer público el contrato o a explicar por qué seleccionó a Acquisition Logistics entre una docena de licitadores para construir el enorme campamento de tiendas de campaña en Fort Bliss, en el oeste de Texas. Al menos un competidor ha presentado una queja.

Expertos dijeron que el proceso de contratación secreto y rápido es emblemático del impulso general del gobierno para cumplir la promesa del presidente republicano de arrestar y deportar a unos 10 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin estatus legal permanente. Como parte de ese impulso, el gobierno está recurriendo cada vez más a los militares para que se encarguen de tareas que tradicionalmente se dejaban a los organismos civiles.

Una miembro del Congreso que visitó recientemente el campamento dijo que le preocupaba que se hubiera confiado a una empresa tan pequeña e inexperta la construcción y gestión de una instalación en la que se espera albergar hasta 5,000 inmigrantes.

“Es muy fácil que los estándares se relajen”, dijo la representante Veronica Escobar, una demócrata cuyo distrito incluye Fort Bliss. “Las instalaciones privadas operan con demasiada frecuencia con un margen de beneficio en mente en lugar de una instalación gubernamental”.

El abogado Joshua Schnell, que se especializa en la ley federal de contratación, dijo que le preocupaba que la administración de Trump haya proporcionado tan poca información sobre la instalación.

“La falta de transparencia sobre este contrato plantea preguntas legítimas sobre por qué el Ejército adjudicaría un contrato tan grande a una empresa sin un sitio web o cualquier otra información disponible públicamente que demuestre su capacidad para llevar a cabo un proyecto tan complicado”, dijo.

Ken A. Wagner, el presidente y director ejecutivo de Acquisition Logistics, no respondió a los mensajes telefónicos ni a los correos electrónicos. Nadie respondió a la puerta de su casa de tres dormitorios que figura como sede de su empresa. Los registros de Virginia indican que Wagner es propietario de la empresa, aunque no está claro si tiene socios.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprobó el uso de Fort Bliss para el nuevo centro de detención, y la administración espera construir más en otras bases. Un portavoz del Ejército declinó discutir su acuerdo con Acquisition Logistics o revelar detalles sobre la construcción del campamento, citando el litigio sobre las calificaciones de la compañía.

El Departamento de Seguridad Nacional, que incluye el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, declinó responder a las preguntas sobre el campamento de detención que supervisa.

Nombrado Camp East Montana por la carretera más cercana, la instalación se está construyendo en la arena y los matorrales del desierto de Chihuahua, donde las temperaturas veraniegas pueden superar los 37.7°C (100°F) y las muertes relacionadas con el calor son comunes. El sitio de 24 hectáreas está cerca de la frontera entre Estados Unidos y México y del Aeropuerto Internacional de El Paso, un centro clave para los vuelos de deportación.

El campamento ha sido comparado con “Alligator Alcatraz”, un complejo de tiendas de campaña de $245 millones erigido para albergar a los detenidos de ICE en los Everglades de Florida. Esa instalación ha sido objeto de quejas sobre condiciones insalubres y demandas. Un juez federal ordenó recientemente que se cerrara esa instalación.

La gran mayoría de los aproximadamente 57,000 inmigrantes detenidos por ICE se alojan en prisiones privadas operadas por compañías como Geo Group de Florida y CoreCivic, con sede en Tennessee. A medida que esas instalaciones se llenan, ICE también está explorando opciones temporales en bases militares en California, Nueva York y Utah.

En Fort Bliss, la construcción comenzó a los pocos días de que el Ejército emitiera el contrato el 18 de julio. El trabajo en el sitio comenzó meses antes, antes de que el Congreso aprobara el proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos de Trump, que incluye una cifra récord de $45,000 millones para el cumplimiento de la ley de inmigración. El anuncio del Departamento de Defensa especificó únicamente que el Ejército estaba financiando los $232 millones iniciales para las primeras 1,000 camas en el complejo.

Según imágenes de satélite examinadas por The Associated Press, se han levantado tres tiendas blancas, cada una de unos 250 metros de largo. Media docena de edificios más pequeños las rodean.

Setareh Ghandehari, portavoz del grupo de defensa Detention Watch, dijo que el uso de bases militares se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando los estadounidenses de origen japonés fueron encarcelados en campamentos del Ejército, incluido Fort Bliss. Dijo que las instalaciones militares son especialmente propensas al abuso y la negligencia porque las familias y los seres queridos tienen dificultades para acceder a ellas.

“Las condiciones en todos los centros de detención son inherentemente horribles”, dijo Ghandehari. “Pero cuando hay menos acceso y supervisión, se crea la posibilidad de que haya aún más abusos”.

Un aviso de solicitud del 9 de junio para el proyecto de Fort Bliss especificaba que el contratista será responsable de la construcción y operación del centro de detención, incluyendo la provisión de seguridad y atención médica. El documento también exige estricta confidencialidad, ordenando al contratista informar a ICE para responder a cualquier llamada de miembros del Congreso o de los medios de comunicación.

La licitación estaba abierta solo a pequeñas empresas como Acquisition Logistics, que recibe un estatus preferencial porque está clasificada como una pequeña empresa desfavorecida propiedad de veteranos e hispanos.

Aunque la administración de Trump ha luchado por prohibir los programas de diversidad, equidad e inclusión, las normas federales de contratación incluyen reservas para las pequeñas empresas propiedad de mujeres o minorías. Para que una empresa pueda competir por tales contratos, al menos el 51% de la misma debe ser propiedad de personas pertenecientes a un grupo racial o étnico desfavorecido designado federalmente.

Uno de los licitadores perdedores, Gemini Tech Services, con sede en Texas, presentó una protesta impugnando la adjudicación y el apresurado calendario de construcción del Ejército ante la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, el brazo de supervisión independiente del Congreso que resuelve tales disputas.

Gemini alega que Acquisition Logistics carece de la experiencia, el personal y los recursos para realizar el trabajo, según una persona familiarizada con la queja que no estaba autorizada a discutir el asunto y habló bajo condición de anonimato. Los trabajos anteriores de Acquisition Logistics incluyen la reparación de pequeñas embarcaciones para la Fuerza Aérea, la prestación de apoyo informático al Departamento de Defensa y la construcción de oficinas temporales para ayudar con el cumplimiento de la ley de inmigración, según muestran los registros federales.

Gemini y su abogado no respondieron a los mensajes en busca de comentarios.

No se espera un fallo de la GAO sobre si mantener, desestimar o requerir una acción correctiva antes de noviembre. También hay una apelación legal pendiente ante un tribunal federal de Estados Unidos en Washington.

Schnell, el abogado de contratación, dijo que Acquisitions Logistics puede estar trabajando con una empresa más grande. Geo Group Inc. y CoreCivic Corp., los mayores operadores de prisiones con fines de lucro del país, han expresado su interés en contratar con el Pentágono para albergar a inmigrantes.

En una conferencia telefónica sobre resultados este mes, el CEO de Geo Group, George Zoley, dijo que su compañía se había asociado con un contratista establecido del Pentágono. Zoley no nombró a la compañía, y Geo Group no respondió a las repetidas solicitudes preguntando con quién se había asociado.

Un portavoz de CoreCivic dijo que no se estaba asociando con Acquisition Logistics o Gemini.