Washington - Los gerentes de crisis estatales dicen que los fuertes recortes a las subvenciones federales de seguridad, las restricciones al dinero destinado a la preparación y los retrasos en la financiación vinculados a los litigios están planteando un riesgo creciente para su capacidad de responder a las emergencias.

Todo esto está causando confusión, frustración y preocupación. El cierre del gobierno federal no está ayudando.

“Cada día que permanecemos en este purgatorio de subvenciones se reduce el tiempo disponible para gastar de manera responsable y eficaz estos fondos críticos”, dijo Kiele Amundson, directora de comunicaciones de la Agencia de Manejo de Emergencias de Hawaii.

La incertidumbre ha llevado a algunas agencias de manejo de emergencias a suspender el llenado de puestos vacantes y a tomar decisiones apresuradas sobre capacitación y compras importantes.

Los expertos dicen que estos acontecimientos complican los esfuerzos de emergencia dirigidos por los estados, socavando los objetivos declarados de la administración republicana de transferir más responsabilidad a los estados y gobiernos locales para la respuesta ante desastres.

En una declaración enviada por correo electrónico, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que los nuevos requisitos eran necesarios debido a los “cambios demográficos recientes” y que los cambios a las subvenciones de seguridad se hicieron “para responder a las amenazas nuevas y urgentes que enfrenta nuestra nación”.

Varias subvenciones del DHS y de la FEMA ayudan a los estados, tribus y territorios a prepararse para los desastres climáticos y a disuadir una variedad de amenazas. El dinero paga los salarios y la capacitación, y cosas tales como vehículos, equipo de comunicaciones y software.

Los gerentes de emergencias estatales dicen que ese dinero se ha vuelto cada vez más importante porque la gama de amenazas para las que deben prepararse se está expandiendo, incluidas las pandemias y los ataques cibernéticos.

FEMA, que forma parte del DHS, dividió una Subvención de Desempeño de Manejo de Emergencias de $320 millones entre los estados el 29 de septiembre. Pero al día siguiente, les dijo a los estados que el dinero estaba en suspenso hasta que presentaran nuevos conteos de población. La directiva exigía que omitieran a las personas “retiradas del Estado de conformidad con las leyes de inmigración de los Estados Unidos” y que explicaran su metodología.

La cantidad de dinero distribuido a los estados se basa en los datos de población del censo de los Estados Unidos. El nuevo requisito de obligar a los estados a presentar conteos revisados “es algo que nunca habíamos visto antes”, dijo Trina Sheets, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Manejo de Emergencias, un grupo que representa a los gerentes de emergencias. “Ciertamente no es responsabilidad del manejo de emergencias certificar la población”.

Sin ninguna guía sobre cómo calcular los números, Amundson de Hawaii dijo que el personal se apresuró a recopilar datos del censo de 2020 y otras fuentes, luego restó el número de “no ciudadanos” basándose en estimaciones de un grupo de defensa.

No están seguros de que la metodología sea aceptada. Pero con sus contactos de FEMA suspendidos y el portal de subvenciones inactivo durante el cierre federal, no pueden averiguarlo. Otros estados dijeron que estaban evaluando la solicitud o esperando más orientación.

En su declaración, el DHS dijo que FEMA necesita estar segura de sus niveles de financiación antes de otorgar dinero de subvenciones, y eso incluye las actualizaciones de la población de un estado debido a las deportaciones.

Los expertos dijeron que los retrasos causados por la solicitud podrían afectar más a los gobiernos locales y agencias que reciben dinero de subvenciones transmitido por los estados porque sus presupuestos y personal son más pequeños. Al mismo tiempo, FEMA también redujo el plazo que tienen los destinatarios para gastar el dinero, de tres años a uno. Eso podría evitar que las agencias emprendan proyectos a más largo plazo.

Bryan Koon, presidente y director ejecutivo de la firma consultora IEM y exjefe de manejo de emergencias de Florida, dijo que los gobiernos estatales y las agencias locales necesitan tiempo para ajustar sus presupuestos a cualquier tipo de cambio.

“Una interrupción en esos servicios podría poner en peligro vidas estadounidenses”, dijo.

En otra medida que ha causado incertidumbre, FEMA en septiembre recortó drásticamente las asignaciones de algunos estados de otra fuente de financiación. Se supone que el Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional de $1,000 millones se basa en los riesgos evaluados, y los estados transfieren la mayor parte del dinero a los departamentos de policía y bomberos.

Nueva York recibió $100 millones menos de lo que esperaba, una reducción del 79%, mientras que Illinois vio una reducción del 69%. Ambos estados están controlados políticamente por los demócratas. Mientras tanto, algunos territorios recibieron ganancias inesperadas, incluidas las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, que obtuvieron más del doble de su asignación esperada.

La Asociación Nacional de Manejo de Emergencias dijo que las subvenciones están destinadas a distribuirse en función del riesgo y que “sigue sin estar claro qué metodología de riesgo se utilizó” para determinar la nueva asignación de fondos.

Después de que un grupo de estados demócratas impugnó los recortes en la corte, un juez federal en Rhode Island emitió una orden de restricción temporal el 30 de septiembre. Eso obligó a FEMA a rescindir las notificaciones de adjudicación y abstenerse de realizar pagos hasta una nueva orden judicial.

La congelación “subraya la incertidumbre y la volatilidad política que rodean estos premios”, dijo Frank Pace, administrador de la Oficina de Seguridad Nacional de Hawaii. El estado controlado por los demócratas recibió más dinero de lo esperado, pero anticipa que la bonificación se eliminará con la demanda.

En Hawaii, donde un incendio forestal en 2023 devastó la ciudad de Lahaina en Maui y mató a más de 100 personas, el estado, los condados y las organizaciones sin fines de lucro “se enfrentan a la posibilidad real” de retrasos en el pago a los contratistas, la finalización de proyectos e “incluso las suspensiones o despidos de personal” si la congelación de subvenciones y el cierre del gobierno continúan, dijo.

Los innumerables contratiempos llevaron a la División de Manejo de Emergencias del estado de Washington a pausar el llenado de algunos puestos “por precaución”, dijo la directora de comunicaciones Karina Shagren.

Los expertos en manejo de emergencias dijeron que las medidas han creado incertidumbre para quienes están a cargo de la preparación.

La administración de Donald Trump ha suspendido un programa de resiliencia ante desastres de FEMA de $3,600 millones, ha recortado la fuerza laboral de FEMA y ha interrumpido la capacitación de rutina.

Un juez federal de Manhattan ordenó la semana pasada al DHS y a FEMA que restablecieran $34 millones en subvenciones de seguridad de tránsito que le habían retenido a la ciudad de Nueva York debido a sus políticas de inmigración.

Otro juez en Rhode Island ordenó al DHS que dejara de imponer permanentemente las condiciones de las subvenciones vinculadas a la aplicación de la ley de inmigración, después de dictaminar en septiembre que las condiciones eran ilegales, solo para que el DHS intentara nuevamente imponerlas.

En conjunto, la turbulencia que rodea lo que alguna vez fue un socio confiable está impulsando a algunos estados a prepararse para una relación diferente con FEMA.

“Dadas todas las incertidumbres”, dijo Sheets, de la Asociación Nacional de Manejo de Emergencias, los estados están tratando de encontrar formas de ser “menos dependientes de la financiación federal”.