Planned Parenthood obtuvo una victoria parcial el lunes en una batalla legal con la administración del presidente Donald Trump sobre los esfuerzos para quitarle fondos a la organización en su legislación fiscal.

Una disposición en ese proyecto de ley pone fin a los pagos de Medicaid durante un año a los proveedores de abortos que recibieron más de $800,000 de Medicaid en 2023, incluso a aquellos como Planned Parenthood que también ofrecen cosas como anticoncepción, pruebas de embarazo y pruebas de enfermedades de transmisión sexual.

Pero la jueza de distrito de Estados Unidos, Indira Talwani, en Boston, otorgó el lunes una orden judicial preliminar que, por ahora, impide que el gobierno recorte los pagos de Medicaid a las organizaciones miembros de Planned Parenthood que no brindan atención para abortos o no cumplieron con un umbral de al menos $800,000 en reembolsos de Medicaid en un año determinado.

No quedó claro de inmediato cuántas organizaciones y clínicas de Planned Parenthood continuarían recibiendo reembolsos de Medicaid bajo esa decisión y cuántas no.

Planned Parenthood dijo en un comunicado después de la orden judicial que agradece que el tribunal haya reconocido “el daño” causado por el proyecto de ley. Pero dijo que está decepcionado de que algunos de sus miembros pierdan esta financiación, “arriesgando el caos, la confusión y el daño para los pacientes que ahora podrían ser rechazados cuando buscan atención médica reproductiva que salva vidas”.

“El tribunal aún no se ha pronunciado sobre si otorgará una medida cautelar preliminar a otros miembros”, agregó el comunicado. “Seguimos teniendo la esperanza de que el tribunal conceda esta reparación. No habrá nada menos que una crisis de salud pública si se permite que se ‘deje de financiar’ a los miembros de Planned Parenthood”.

La demanda fue presentada a principios de este mes contra el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., por Planned Parenthood Federation of America y sus organizaciones miembros en Massachusetts y Utah.

Planned Parenthood argumentó que permitir que la disposición entre en vigor tendría consecuencias devastadoras en todo el país, incluidas mayores tasas de enfermedades de transmisión sexual y cáncer no diagnosticados y no tratados.

“Sin más razón que una simple animosidad, la ley impedirá que los miembros de Planned Parenthood brinden atención vital, de hecho, que salva vidas, a más de un millón de pacientes”, escribieron. “Este estatuto es inconstitucional e infligirá un daño irreparable a los miembros de Planned Parenthood y a sus pacientes”.

Los abogados del gobierno argumentaron en documentos judiciales que el proyecto de ley “detiene los subsidios federales para el Gran Aborto”.

“Los tres componentes elegidos democráticamente del Gobierno Federal colaboraron para promulgar esa disposición de acuerdo con sus mandatos electorales del pueblo estadounidense sobre cómo quieren que se gaste el dinero de sus contribuyentes que tanto les cuesta ganar”, escribió el gobierno en su oposición a la moción.

El gobierno agregó que los demandantes “ahora quieren que este Tribunal rechace ese juicio y suplante la legislación debidamente promulgada con sus propias preferencias políticas. ... Esa solicitud carece de fundamento legal”.

Horas después de que se presentara la demanda, Talwani emitió una orden de restricción temporal que impedía al gobierno hacer cumplir los recortes. Esa orden debía expirar el lunes.