Washington— La Oficina Federal de Prisiones debe seguir proporcionando terapia hormonal y adaptaciones sociales a cientos de reclusos transgénero tras una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que provocó una interrupción en el tratamiento médico, dictaminó el martes un juez federal.

El juez de distrito de Estados Unidos, Royce Lamberth, dijo en su fallo que una ley federal prohíbe a los funcionarios de prisiones privar arbitrariamente a los reclusos de medicamentos y otras adaptaciones de estilo de vida que el propio personal médico de la Oficina ha considerado apropiadas.

El juez dijo que los reclusos transgénero que demandaron para bloquear la orden ejecutiva de Trump están tratando de disminuir la angustia personal causada por su disforia de género, la angustia que siente una persona porque su género asignado y su identidad de género no coinciden.

“A la luz de los motivos en gran medida personales de los demandantes para someterse a una atención de afirmación de género, ni la BOP ni la Orden Ejecutiva proporcionan ninguna explicación seria de por qué las modalidades de tratamiento cubiertas por la Orden Ejecutiva o los memorandos de implementación deben manejarse de manera diferente a cualquier otra intervención de salud mental”, escribió el juez.

La Oficina de Prisiones está proporcionando terapia hormonal a más de 600 reclusos diagnosticados con disforia de género. La Oficina no discute que la disforia de género puede causar efectos secundarios graves, incluyendo depresión, ansiedad y pensamientos suicidas, dijo el juez.

La orden ejecutiva del presidente republicano requería que la Oficina revisara sus políticas de atención médica para que los fondos federales no se gasten “con el propósito de conformar la apariencia de un recluso a la del sexo opuesto”.

El fallo de Lamberth no se limita a los demandantes nombrados en la demanda. Aceptó certificar una clase de demandantes que consiste en cualquier persona que esté o estará encarcelada en prisiones federales.

Los demandantes nombrados en la demanda incluyen a Alishea Kingdom, una mujer transgénero a la que se le prescribieron inyecciones de terapia hormonal y se le aprobó recibir adaptaciones sociales, incluyendo ropa interior y cosméticos de mujer. A Kingdom se le negó su inyección de hormonas tres veces después de que Trump firmó su orden, pero la recuperó aproximadamente una semana después de que demandó. Su acceso a ropa interior femenina no ha sido restaurado, según el fallo del juez.

“En el caso de la Sra. Kingdom, no hay ninguna indicación de que la BOP tenga la intención de dejar su terapia hormonal en su lugar a largo plazo; de hecho, como se señaló anteriormente, el personal de la BOP le informó que la decisión de reanudar su tratamiento fue una consecuencia de este litigio en sí mismo, lo que plantea el espectro de que sus tratamientos podrían ser descontinuados tan pronto como concluya el litigio”, escribió Lamberth.

La orden de Trump también ordenó a la Oficina de Prisiones asegurar que “los hombres no sean detenidos en prisiones de mujeres”. En febrero, sin embargo, Lamberth acordó bloquear temporalmente a los funcionarios de prisiones la transferencia de tres mujeres transgénero encarceladas a instalaciones para hombres y la terminación de su acceso a la terapia hormonal.

El juez dijo que no hay evidencia de que Trump o los funcionarios de prisiones consideraran el daño que las nuevas políticas podrían causar a los reclusos transgénero.

“Los demandados argumentan que los demandantes no han alegado un daño irreparable porque todos están recibiendo actualmente medicamentos hormonales. Pero basta con decir que el acceso de los tres demandantes a la terapia hormonal es, a lo mejor que el Tribunal puede decir, tenue”, escribió Lamberth.

Los demandantes están representados por abogados del Transgender Law Center y la American Civil Liberties Union.

Lamberth, un juez senior, fue nominado al banquillo por el presidente Ronald Reagan, un republicano, en 1987.