Sobrevivientes del tiroteo masivo más mortífero de Maine y familiares de las víctimas están demandando al gobierno federal, alegando que el Ejército de Estados Unidos pudo y debió haber evitado que uno de sus reservistas llevara a cabo lo que califican como “una de las tragedias masivas más prevenibles en la historia estadounidense”.

Dieciocho personas murieron en octubre de 2023 cuando Robert Card abrió fuego en una bolera y un bar. Una comisión independiente designada por la gobernadora de Maine concluyó más tarde que hubo numerosas oportunidades de intervención tanto por parte de funcionarios del Ejército como de la policía civil a medida que la salud mental de Card se deterioraba. Fue encontrado muerto por suicidio dos días después de los tiroteos.

La demanda, presentada en un tribunal federal en nombre de más de 100 sobrevivientes y familiares de las víctimas, acusa al gobierno de Estados Unidos de negligencia, diciendo que su conducta “causó directa y próximamente el tiroteo masivo”. Alega que los funcionarios del Ejército y otros “no actuaron razonablemente, rompieron las promesas que le hicieron a la familia de Card y a su comunidad, violaron políticas obligatorias, procedimientos e ignoraron directivas y órdenes”.

“Para marzo de 2023, Estados Unidos y su personal sabían que Card era paranoico, delirante, violento y carecía de control de impulsos. El Ejército sabía que tenía acceso a armas de fuego. El Ejército prometió quitarle sus armas pero no cumplió esa promesa”, afirma la demanda. “Peor aún, a través de sus actos y omisiones, el Ejército retuvo información y engañó activamente a la policía local, impidiendo así que otros intervinieran y separaran a Card de sus armas”.

Los abogados planean proporcionar más detalles el miércoles en una conferencia de prensa en Lewiston, no lejos de donde tuvieron lugar los tiroteos.

Los abogados comenzaron el proceso de demandar al gobierno hace poco menos de un año cuando presentaron avisos de reclamación, diciendo que el Ejército no actuó a pesar de ser consciente del deterioro de la salud mental de Card. El espiral de salud mental de Card lo llevó a su hospitalización y lo dejó paranoico, delirante y expresando ideaciones homicidas, decía la reclamación. Incluso produjo una “lista de objetivos” de aquellos a quienes quería atacar, han dicho los abogados.

Familiares y compañeros reservistas dijeron que Card había exhibido un comportamiento delirante y paranoico meses antes de los tiroteos. Fue hospitalizado por el Ejército durante el entrenamiento en julio de 2023 en Nueva York, donde su unidad estaba entrenando a cadetes de West Point, pero los funcionarios de la Reserva del Ejército han reconocido que nadie se aseguró de que Card estuviera tomando su medicación o cumpliendo con su atención de seguimiento en su casa en Bowdoin, Maine.

La advertencia más clara llegó en un mensaje de texto de septiembre de un compañero reservista: “Creo que va a estallar y hacer un tiroteo masivo”.

“Desde el principio, el Ejército ignoró sus políticas y procedimientos obligatorios, y las regulaciones al tratar con Card”, afirma la demanda. “A pesar de los serios problemas que Card presentó a nivel de compañía o batallón, no fueron reportados a la cadena de mando a los altos funcionarios militares con el conocimiento, la experiencia y los recursos para abordarlos. En cambio, personal de bajo rango y a tiempo parcial gestionó mal los riesgos, lo que resultó en consecuencias desastrosas”.

Los funcionarios del Ejército llevaron a cabo su propia investigación después de los tiroteos que la teniente general Jody Daniels, entonces jefa de la Reserva del Ejército, dijo que encontró “una serie de fallos por parte del liderazgo de la unidad”. Tres líderes de la Reserva del Ejército fueron disciplinados por incumplimiento del deber, según el informe. Cuando la comisión de la gobernadora publicó su informe final en agosto pasado, el Ejército emitió un comunicado diciendo que estaba “comprometido a revisar los hallazgos e implementar cambios sólidos para evitar que tragedias como esta se repitan”.

Los tiroteos de Lewiston llevaron a nuevas leyes de armas en Maine, un estado con una larga tradición de caza y posesión de armas. Las leyes provocaron acciones legales por parte de los defensores de los derechos de las armas en el estado y siguen siendo un tema polémico casi dos años después de los tiroteos.