Washington- Un tribunal federal de Washington, D. C., rechazó el martes una solicitud de un grupo de derechos de los inmigrantes para bloquear temporalmente al Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) de compartir ciertos datos de los contribuyentes que podrían hacer más fácil identificar y deportar a las personas que están en los Estados Unidos ilegalmente.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones para el Circuito de Washington se negó a emitir una orden judicial preliminar para el grupo de derechos de los inmigrantes, Centro de Trabajadores Unidos, y otras organizaciones sin fines de lucro que están demandando al gobierno federal sobre el acuerdo de intercambio de datos firmado el pasado mes de abril por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El acuerdo permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas enviar al IRS los nombres y direcciones de los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos para cotejarlos con los registros fiscales.

Al rechazar la solicitud de medida cautelar, el juez Harry T. Edwards escribió que los grupos sin ánimo de lucro “tienen pocas probabilidades de éxito en cuanto al fondo de su demanda”, ya que la información que las agencias están compartiendo no está cubierta por el estatuto de privacidad del IRS.

Un representante del Centro de Trabajadores Unidos no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La fiscal general Pam Bondi dijo en las redes sociales que la decisión judicial era una “victoria crucial” para la administración. “Deportar a los extranjeros ilegales hace que el pueblo estadounidense esté más seguro”, dijo Bondi en su post.

La administración Trump ha argumentado que el acuerdo ayuda a llevar a cabo la agenda del presidente Donald Trump para asegurar las fronteras de Estados Unidos y es parte de su mayor represión de la inmigración a nivel nacional, que ha dado lugar a deportaciones y redadas en el lugar de trabajo.

La creación del acuerdo de intercambio de datos fue tan controvertida que el comisario en funciones del IRS dimitió el año pasado a causa del acuerdo.

A principios de este mes se reveló en los tribunales que el IRS había compartido erróneamente la información de los contribuyentes de miles de personas con el Departamento de Seguridad Nacional como parte del acuerdo.

Una declaración presentada por Dottie Romo, Jefa de Riesgos y Control del IRS, afirmaba que el IRS sólo pudo verificar aproximadamente 47,000 de los 1.28 millones de nombres solicitados por el ICE. Para menos del 5% de esas personas, el IRS proporcionó al ICE información adicional sobre la dirección, lo que podría violar las normas de privacidad creadas para proteger los datos de los contribuyentes.