Nueva York - La búsqueda del expresidente Donald Trump para anular su condena penal llega el miércoles a un Tribunal Federal de Apelaciones, una forma en la que está tratando de que se anule el veredicto del año pasado sobre el dinero secreto.

Un panel de tres jueces escuchará los argumentos en la larga lucha de Trump para que el caso de Nueva York se traslade de la corte estatal a la corte federal, donde luego podría tratar de que se anule el veredicto por motivos de inmunidad presidencial.

El republicano está pidiendo a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos que intervenga después de que un juez de primera instancia rechazara dos veces la medida. Como parte de la solicitud, Trump quiere que la Corte Federal de Apelaciones tome el control del caso penal y luego decida en última instancia su apelación del veredicto, que ahora está pendiente en una corte de apelaciones estatal.

El Segundo Circuito debe “determinar de una vez por todas que este enjuiciamiento penal sin precedentes de un expresidente y actual presidente de los Estados Unidos pertenece a la corte federal”, escribieron los abogados de Trump en un expediente judicial.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, que procesó el caso de Trump, quiere que permanezca en la corte estatal. El Departamento de Justicia de Trump, ahora dirigido en parte por sus exabogados defensores penales, apoya su intento de trasladar el caso a la corte federal.

Si Trump pierde, podría ir al Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Trump fue condenado en mayo de 2024 por 34 cargos de delitos graves de falsificación de registros comerciales para ocultar un pago de dinero secreto a la actriz porno Stormy Daniels, cuyas acusaciones de aventura amenazaron con revocar su campaña presidencial de 2016. Trump niega su afirmación y dijo que no hizo nada malo. Fue el único de sus cuatro casos penales que fue a juicio.

Los abogados de Trump primero buscaron trasladar el caso a la corte federal después de su acusación en marzo de 2023, argumentando que los funcionarios federales, incluidos los expresidentes, tienen el derecho de ser juzgados en la corte federal por cargos que surjan de “conductas realizadas mientras estaban en el cargo”. Parte del caso penal involucró cheques que escribió mientras era presidente.

Lo intentaron de nuevo después de su condena, argumentando que el enjuiciamiento histórico de Trump violó sus derechos constitucionales y fue en contra del fallo de inmunidad presidencial del Tribunal Supremo, que se decidió aproximadamente un mes después de que terminara el juicio por el dinero secreto.

El fallo restringe los enjuiciamientos de expresidentes por actos oficiales y restringe a los fiscales al señalar actos oficiales como evidencia de que las acciones no oficiales de un presidente eran ilegales.

El juez de distrito de Estados Unidos, Alvin Hellerstein, negó ambas solicitudes, dictaminando en parte que la condena de Trump involucraba su vida personal, no su trabajo como presidente.

En un fallo de cuatro páginas, Hellerstein escribió que nada sobre el fallo del tribunal superior afectó su conclusión anterior de que los pagos de dinero secreto en cuestión en el caso de Trump “eran actos privados, no oficiales, fuera de los límites de la autoridad ejecutiva”.

Los abogados de Trump argumentan que los fiscales se apresuraron a ir a juicio en lugar de esperar la decisión de inmunidad presidencial del Tribunal Supremo, y que los fiscales se equivocaron al mostrar a los jurados evidencia que no debería haber sido permitida bajo el fallo, como exmiembros del personal de la Casa Blanca que describieron cómo Trump reaccionó a la cobertura de noticias del acuerdo de dinero secreto y los tuits que envió mientras era presidente en 2018.

El exabogado defensor penal de Trump, Todd Blanche, es ahora el fiscal general adjunto de Estados Unidos, el segundo al mando del Departamento de Justicia. Otro de sus abogados, Emil Bove, tiene un puesto de alto rango en el Departamento de Justicia.

El juez del juicio, Juan M. Merchan, rechazó las solicitudes de Trump de anular la condena por motivos de inmunidad presidencial y lo sentenció el 10 de enero a una libertad incondicional, dejando su condena intacta pero evitándole cualquier castigo.

Al comparecer por video en su sentencia, Trump calificó el caso como una “caza de brujas política”, “un arma del gobierno” y “una vergüenza para Nueva York”.