Washington- El Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó el martes a permitir que el gobierno de Donald Trump despliegue tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago para apoyar su represión de la inmigración, una derrota significativa para los esfuerzos del presidente de enviar tropas a las ciudades estadounidenses.

Los jueces rechazaron la petición de emergencia de la administración republicana de anular una sentencia de la juez de distrito April Perry que había bloqueado el despliegue de tropas. Un tribunal de apelación también se había negado a intervenir. El Tribunal Supremo tardó más de dos meses en actuar.

Tres jueces -Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch- se desintieron públicamente.

La orden del alto tribunal no es una sentencia definitiva, pero podría afectar a otras demandas que desafiarían los intentos del presidente Donald Trump de desplegar el ejército en otras ciudades lideradas por demócratas.

“En esta fase preliminar, el Gobierno no ha identificado una fuente de autoridad que permita a los militares ejecutar las leyes en Illinois”, escribió la mayoría del alto tribunal.

El juez Brett Kavanaugh dijo que estaba de acuerdo con la decisión de mantener bloqueado el despliegue de Chicago, pero que habría dejado más margen al presidente para desplegar tropas en posibles escenarios futuros.

El resultado es un raro revés del Tribunal Supremo para Trump, que había obtenido repetidas victorias en apelaciones de emergencia desde que asumió de nuevo el cargo en enero. El tribunal, dominado por los conservadores, ha permitido a Trump prohibir la participación de personas transgénero en el ejército, recuperar miles de millones de dólares del gasto federal aprobado por el Congreso, actuar agresivamente contra los inmigrantes y despedir a los líderes de agencias federales independientes confirmados por el Senado.

El gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, aplaudió la decisión del martes como una victoria para el estado y el país.

“Las ciudades, los suburbios y las comunidades estadounidenses no deberían tener que enfrentarse a agentes federales enmascarados que les piden la documentación, les juzgan por su aspecto o su voz y viven con el temor de que el Presidente pueda desplegar el ejército en sus calles”, afirmó.

Por otro lado, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo que el presidente había activado a la Guardia Nacional para proteger al personal y las propiedades federales de “alborotadores violentos”.

“No hay nada en la sentencia de hoy que desvirtúe ese programa básico. La Administración seguirá trabajando día tras día para proteger a los ciudadanos estadounidenses”, afirmó.

Alito y Thomas dijeron en su disidencia que el tribunal no tenía base para rechazar el argumento de Trump de que la administración necesitaba las tropas para hacer cumplir las leyes de inmigración. Gorsuch dijo que se habría puesto del lado del Gobierno basándose en las declaraciones de los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley.

La administración había solicitado inicialmente la orden para permitir el despliegue de tropas de Illinois y Texas, pero el contingente tejano de unos 200 efectivos de la Guardia Nacional fue enviado posteriormente a casa desde Chicago.

La administración Trump ha argumentado que las tropas son necesarias “para proteger al personal y las propiedades federales de la resistencia violenta contra la aplicación de las leyes federales de inmigración.”

Pero Perry escribió que no encontró pruebas sustanciales de que se esté gestando un “peligro de rebelión” en Illinois y ninguna razón para creer que las protestas allí se hayan interpuesto en el camino de la represión migratoria de Trump.

Perry había bloqueado inicialmente el despliegue durante dos semanas. Pero en octubre, prorrogó la orden indefinidamente mientras el Tribunal Supremo revisaba el caso.

Las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Broadview, suburbio del oeste de Chicago, han sido escenario de tensas protestas, en las que los agentes federales han utilizado anteriormente gases lacrimógenos y otros agentes químicos contra manifestantes y periodistas.

El mes pasado, las autoridades detuvieron a 21 manifestantes y dijeron que cuatro agentes habían resultado heridos frente a las instalaciones de Broadview. Las autoridades locales llevaron a cabo las detenciones.

El caso de Illinois es sólo una de las diversas batallas legales sobre los despliegues de la Guardia Nacional.

El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, ha interpuesto una demanda para detener el despliegue de más de 2,000 guardias en la capital del país. Cuarenta y cinco estados han presentado demandas ante el tribunal federal en ese caso, de las cuales 23 apoyan las medidas de la administración y 22 apoyan la demanda del fiscal general.

Más de 2,200 efectivos de varios estados liderados por republicanos permanecen en Washington, aunque la emergencia criminal que Trump declaró en agosto terminó un mes después.

Un juez federal de Oregon ha bloqueado permanentemente el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en ese estado, y los 200 efectivos de California han sido enviados a casa desde Oregón, según ha informado un funcionario.

Un tribunal estatal de Tennessee falló a favor de los funcionarios demócratas que demandaron para detener el despliegue en curso de la Guardia en Memphis, que Trump ha calificado como una réplica de su represión en Washington DC.

En California, un juez declaró en septiembre que el despliegue en la zona de Los Ángeles era ilegal. En ese momento, sólo quedaban 300 de los miles de soldados enviados allí, y el juez no ordenó que se marcharan.

La administración Trump ha recurrido las sentencias de California y Oregon ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos.