Las universidades estarán obligadas a entregar datos para demostrar que no toman en cuenta la raza en sus procesos de admisión, según una nueva política ordenada este jueves por el presidente Donald Trump.

En 2023, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que no se puede utilizar la acción afirmativa en las admisiones universitarias, aunque permitió que los centros consideren cómo la raza ha influido en la vida de un solicitante si este lo expresa en su ensayo personal.

Trump acusa a las universidades de usar declaraciones personales y otros mecanismos como sustitutos para considerar la raza, lo cual, según los conservadores, constituye discriminación ilegal.

El papel de la raza en las admisiones ha sido un punto central en la lucha del gobierno de Trump contra algunas de las universidades más prestigiosas del país, consideradas por muchos republicanos como bastiones liberales.

La nueva política es similar a acuerdos recientes que el gobierno negoció con las universidades Brown y Columbia, los cuales restablecieron su acceso a fondos federales para investigación. Como parte del acuerdo, las instituciones aceptaron entregar al gobierno datos sobre raza, promedio académico y puntuaciones estandarizadas de los solicitantes, admitidos y estudiantes matriculados. También acordaron someterse a auditorías y divulgar estadísticas de admisión al público.

Conservadores sostienen que, a pesar del fallo del Tribunal Supremo, las universidades siguen considerando la raza.

“La persistente falta de datos disponibles —sumada al uso extendido de ‘declaraciones de diversidad’ y otros sustitutos raciales, abiertos o encubiertos— continúa generando preocupaciones sobre si la raza se está utilizando en la práctica en las decisiones de admisión”, afirma el memorando firmado por Trump.

El documento ordena a la secretaria de Educación, Linda McMahon, exigir a las universidades que reporten más datos “para garantizar una transparencia adecuada en las admisiones”. El Centro Nacional de Estadísticas de la Educación recopilará nueva información, incluyendo la raza y el sexo de los solicitantes, los admitidos y los estudiantes inscritos, según informó el Departamento de Educación.

Si las universidades no entregan los datos de manera oportuna, completa y precisa, McMahon podrá tomar medidas bajo el Título IV de la Ley de Educación Superior de 1965, que regula a las instituciones que reciben ayuda financiera federal para estudiantes, indica el memorando.

Aún no está claro qué impacto práctico tendrá la orden ejecutiva en las universidades. Según Jon Fansmith, vicepresidente sénior de relaciones gubernamentales en el American Council on Education, las leyes federales actuales ya prohíben a las instituciones recopilar información sobre raza durante el proceso de admisión.

“¿Tendrá algún efecto real? Probablemente no”, dijo Fansmith. “Pero continúa esta retórica del gobierno de que algunos estudiantes están siendo favorecidos en el proceso de admisión en detrimento de otros”.

Debido al fallo del Tribunal Supremo, las universidades no pueden preguntar la raza de los solicitantes durante la admisión, explicó Fansmith. Una vez matriculados, pueden preguntar, pero deben informar a los estudiantes que no están obligados a responder. En el actual clima político, muchos estudiantes optan por no revelar su raza, señaló. Por eso, cuando las universidades publican datos demográficos, los números suelen ofrecer una imagen incompleta.

El primer año de datos de admisión tras el fallo del Supremo no mostró un patrón claro sobre cómo cambió la diversidad en los campus. Los resultados variaron considerablemente entre universidades.

Algunas, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y Amherst College, registraron caídas significativas en el porcentaje de estudiantes negros en sus clases entrantes. Pero en otras instituciones igualmente selectivas, como Yale, Princeton y la Universidad de Virginia, los cambios fueron menores al 1%.

Algunas universidades añadieron más ensayos o declaraciones personales al proceso de admisión para conocer mejor los antecedentes de los aspirantes, una estrategia que el propio fallo del Supremo permitió.

“Nada prohíbe a las universidades considerar cómo la raza ha afectado la vida del solicitante, siempre que esa información esté concretamente vinculada con una cualidad de carácter o una habilidad única que esa persona pueda aportar a la universidad”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en 2023, en nombre de la mayoría conservadora.

Como alternativa a la acción afirmativa, las universidades llevan años aplicando diversas estrategias para lograr la diversidad que consideran esencial en sus campus.

Muchas han dado mayor preferencia a estudiantes de familias de bajos ingresos. Otras han optado por admitir a los mejores estudiantes de cada comunidad de su estado.

Antes del fallo, nueve estados ya habían prohibido la acción afirmativa, comenzando con California en 1996. La Universidad de California experimentó cambios en la matrícula tras esa prohibición: en dos años, la inscripción de estudiantes negros e hispanos se redujo a la mitad en sus dos campus más selectivos —Berkeley y UCLA—. El sistema invirtió más de $500 millones en programas para estudiantes de bajos recursos o de primera generación universitaria.

La Universidad de California también implementó un programa que garantiza la admisión al 9% de los mejores estudiantes de cada escuela secundaria del estado, como intento de atraer talento de diversos orígenes. Una política similar en Texas ha sido reconocida por mejorar la diversidad racial y ha sido citada por opositores a la acción afirmativa como un modelo exitoso.

En California, la medida atrajo a estudiantes de más regiones del estado, pero tuvo poco impacto en la diversidad racial, explicó el sistema universitario en un documento presentado ante la Corte Suprema. Casi no hubo efecto en Berkeley y UCLA, donde los aspirantes compiten con decenas de miles de estudiantes.

Hoy, en UCLA y Berkeley, los estudiantes hispanos representan el 20% de los matriculados, un aumento desde 1996 pero aún por debajo del 53% que representan entre los graduados de secundaria en California. Los estudiantes negros, en cambio, tienen hoy una menor presencia que en 1996: solo el 4% de los matriculados en Berkeley.

Tras la prohibición de la acción afirmativa por votación popular en Michigan en 2006, la Universidad de Michigan puso el foco en estudiantes de bajos ingresos.

La universidad envió graduados a trabajar como orientadores en escuelas de bajos recursos y lanzó programas de preparación universitaria en Detroit y Grand Rapids. También ofreció becas completas a residentes de Michigan con bajos ingresos y, más recientemente, redujo la cantidad de solicitudes por admisión anticipada, que suelen provenir de estudiantes blancos.

A pesar de estos esfuerzos, la proporción de estudiantes negros e hispanos en Michigan no se ha recuperado por completo desde la caída que siguió a 2006. Si bien las inscripciones hispanas han crecido, las de estudiantes negros siguieron cayendo: del 8% del alumnado en 2006 al 4% en 2025.