Acompañado por su abogada, Christian Torres, propietario de Coccoloba AgroEnvironmental, LLC, acudió este lunes ante las autoridades federales que investigan presuntas irregularidades en la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) respecto a la concesión de contratos con fondos del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés), incluido el fallido acuerdo con NOLA Education.

“Estuvimos en la Oficina del Inspector General en el área de Salud y Recursos Humanos. Fuimos citados en calidad de testigo. Se contestaron las preguntas que ellos estuvieron haciendo. Se entregó la documentación que ellos solicitaron”, indicó la abogada de Torres, Nadja Cardona Portalatín, tras comparecer a la citación.

No precisó qué tipo de documentación presentaron. “No voy a entrar en detalles, pero se habló de lo que ya se ha informado en los medios, que ya es de conocimiento público”, añadió.

Coccoloba AgroEnvironmental es una de las tres empresas que fue incluida en un proceso competitivo que culminó con la adjudicación de un contrato a NOLA Education para dar servicios educativos a través de su programa Star Academy. La otra empresa que participó fue Litoral Vivo.

Sin embargo, Torres ha establecido que declinó participar de ese proceso competitivo y que solo remitió a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, un “brochure” o folleto que fue usado para evaluar su compañía.

“Lo que se entregó, que eso lo pueden ver en los emails (correos electrónicos enviados a Roig) es un ‘flyer’ y un perfil de negocios”, afirmó Cardona Portalatín.

¿Era suficiente esa información para evaluar a Coccoloba, como argumenta la secretaria de la Familia?, cuestionó El Nuevo Día.

“A nuestro entender, no”, respondió la abogada, que estuvo con Torres testificando poco más de dos horas. Tras declarar, Torres no estuvo disponible para la prensa.

“El proceso es un poco cansón, drenante. Él está en ese proceso”, comentó la abogada sobre su cliente.

Las tres empresas fueron evaluadas por LAP Consulting Group, empresa que tiene un contrato con el Departamento de la Familia y cuyo dueño, Luis A. Pedraza González, es amigo de Roig.

Pese a que Coccoloba –que recibió la invitación de Roig por correo electrónico en diciembre del 2025– declinó participar, recibió un 24.7% en la evaluación que hizo LAP Consultng Group, que examinó ocho criterios: descripción de la organización, experiencia previa en programas similares en Estados Unidos, experiencia previa en la prestación de servicios a entidades gubernamentales, evidencia de cumplimiento documental, credenciales del personal y capacidad técnica, capacidad financiera y de recursos humanos, el diseño del programa y la alineación con el TANF, así como el presupuesto y razonabilidad de costos.

“Desde nuestro punto de vista, lo que hemos sostenido en todo momento es que nunca hubo intención de participar del proceso y nunca se entregó una propuesta. Tampoco se envió al email habilitado para recibir esas propuestas. Toda la comunicación que hubo entre Coccoloba y Familia fue entre el email de la secretaria (de la Familia) y el email de Coccoloba”, explicó la abogada.

Roig ha defendido su proceder, al argumentar que los documentos entregados por Torres eran suficientes para someterlos a evaluación.

En mayo y tras confrontar múltiples escollos con la Adsef, Roig canceló la adjudicación del contrato a NOLA Education, que era por un total de $38.5 millones en fondos de TANF.

Luego que la secretaria de la Familia defendiera el proceso que llevó a cabo, incluida la evaluación a Coccoloba, Cardona Portalatín reclamó a Roig la entrega de todos los documentos que tuvieron ante su consideración. Confirmó que la agencia cumplió con la entrega el jueves de la semana pasada.

“Sería prematuro, de mi parte, decirle que ya entregaron todo lo que se solicitó porque no hemos concluido nuestra evaluación”, advirtió la abogada, quien no descarta algún tipo de acción legal.

Torres acudió a las instalaciones de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS-OIG, en inglés), ubicadas en Hato Rey. Es esa entidad federal la que investiga posibles irregularidades con el manejo de los fondos TANF porque están bajo la jurisdicción del Departamento de Salud federal.

La OIG es el organismo fiscalizador oficial encargado de auditar y proteger todos los fondos administrados por el HHS, lo que incluye no solo Salud, sino también todos los programas de bienestar social y bienestar infantil como el TANF, que es operado por la Administración para Niños y Familias (ACF, en inglés). Pueden y de ordinario comparten sus pesquisas con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

Previo a la comparecencia de Torres, acudió ante la HHS-OIG, Blanca Medina Díaz, destituida jefa de Adsef, quien públicamente reveló que supuestamente fue objeto de presiones y de hostigamiento por parte de Roig para que concediera contratos a NOLA Education y a la empresa Strategic Technology Advisors. Esta última compañía había presentado, al menos, dos propuestas a Roig para crear una plataforma de adiestramiento por un costo de más de $300,000, también con fondos de TANF.

Medina Díaz se opuso a la evaluación de las propuestas de NOLA Education y de Strategic Technology Advisors y, por ende, al otorgamiento de un contrato. Roig ha rechazado las alegaciones de Medina Díaz.

La semana pasada, también testificó antes los federales Gisela Rodríguez Algarín, quien dirigió la Oficina de Asuntos Legales de la Adsef mientras Medina Díaz encabezó la agencia.

Rodríguez Algarín fue removida de su destaque en la Adsef por decisión de Roig, ante la negativa de dar paso a las propuestas, según una declaración jurada de Medina Díaz.

En declaraciones escritas y luego de su comparecencia, Rodríguez Algarín expresó: “Mi colaboración tiene como único propósito contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y a que se haga justicia”.

Las alegaciones de presiones y supuestas irregularidades en la contratación con fondos de TANF también son pesquisadas por el Senado, la OIG de Puerto Rico y el Departamento de Justicia.