Meses después de que trascendiera públicamente el controversial proceso que realizó el Departamento de la Familia, la empresa NOLA Education defendió su gestión para hacer negocios con la agencia y afirma estar “decepcionados” porque los estudiantes de Puerto Rico no estarían recibiendo sus servicios educativos a través del programa Star Academy.

“Nos decepciona que nuestras herramientas educativas innovadoras no vayan a estar disponibles para los estudiantes en riesgo de la isla”, se informó a través de un comunicado de prensa de dos páginas.

La empresa, que se inscribió en Puerto Rico el 10 de diciembre de 2025, aclaró que no llegó a firmar contrato con el gobierno de Puerto Rico, pese a que la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, adjudicó a su favor un proceso competitivo el pasado 20 de enero de este año. Posteriormente, la secretaria canceló la adjudicación en una carta con fecha del 19 de mayo de 2026.

“No hemos recibido compensación ni fondos del Gobierno de Puerto Rico ni de los contribuyentes locales”, informó NOLA Education.

El Senado, el Departamento de Justicia, las autoridades federales y la Oficina del Inspector General de Puerto Rico investigan el proceso que siguió el Departamento de la Familia luego que la exjefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz, alegara que Roig la presionó para que evaluara las propuestas sometidas por NOLA Education y Strategic Technology Advisors. La intención era concederles a las empresas contratos con fondos del programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).

Precisamente, hoy, jueves, se vencía el plazo para que Roig y Medina Díaz entregaran documentación a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado.

Pese a varias gestiones, no fue posible contactar a la presidenta de la comisión, la senadora Wanda Soto Tolentino. Sin embargo, una fuente de este diario indicó a este medio que Roig pidió 15 días adicionales a la comisión.

Entretanto, la empresa Coccoloba AgroEnvironmental -mediante su representante legal, Nadja Cardona Portalatín- exigió que Roig le entregara todos los documentos relacionados a la evaluación de esta compañía luego que su dueño, Christian Torres, dijera públicamente que declinó participar de esa evaluación.

Coccoloba AgroEnvironmental, que junto a Nola Education y Litoral Vivo fueron evaluadas para el proceso competitivo que ideó Familia, concedió más tiempo a Roig para entregar los documentos requeridos.

“El término requerido para proveernos dicha información era de cinco días calendario, contados a partir del día siguiente al recibo del requerimiento escrito (viernes, 9 de octubre de 2026). La secretaria, Suzanne Roig, cursó un correo electrónico a esta servidora, el pasado martes, 13 de octubre, indicando que necesitaba más tiempo para proveer lo solicitado. Le hemos concedido lo que nos pidió”, lee un comunicado de la abogada de Coccoloba, aunque no precisa la nueva fecha.