El senador Juan Oscar Morales manifestó que la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, debería renunciar a su cargo cuanto antes, por considerar que presuntamente participó o dio paso a un esquema fraudulento que desembocó en la adjudicación de un proceso competitivo con fondos federales a favor de la empresa NOLA Education para implementar su programa Star Academy.

“Yo estoy claro que hay fraude. Con esa carta de esta mañana, estoy más que claro. Yo nunca tuve dudas, pero como responsablemente uno tiene que esperar el proceso pues con esta carta valida mi teoría y es que efectivamente aquí hubo fraude”, sostuvo Morales, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

La empresa Coccoloba AgroEnvironmental LLC, mediante una comunicación escrita, refutó en la mañana del jueves declaraciones que dio Roig en una vista pública en el Senado el miércoles, al negar haber presentado una propuesta para participar en el proceso competitivo por invitación adjudicado a NOLA Education.

¿Quién cometió fraude?, se le cuestionó a Morales.

“La secretaria está envuelta en esto porque ella fue la que recibió de Coccoloba el ‘email’ directamente. La secretaria le envió eso a LAP Consulting y LAP Consulting no hizo su trabajo de manera responsable. Fue sometida también a fraude porque cómo tú evalúas una propuesta que el propio suplidor te dice que no sometió”, respondió el senador.

¿Debe renunciar a la su cargo Suzanne Roig?, cuestionó El Nuevo Día.

“Yo, anteriormente, había asumido una posición de que eso era una decisión única y exclusivamente de la gobernadora. Con esta carta de hoy, yo creo que debe salir (del cargo) ya. Yo no esperaría ni a las 12:00 del mediodía... Me parece que la secretaria está en grandes aprietos hoy. La credibilidad es es cero. La puntuación se la voy a dar yo: cero”, contestó.

En la carta divulgada hoy, la abogada de Coccoloba, Nadja I Cardona Portalatín, exigió a Roig que produzca los documentos que supuestamente sometió la compañía para participar del proceso competitivo. Acompañó su carta con el correo electrónico que envió Christian Torres, dueño de Coccoloba, a Roig dejándole saber que no podían preparar una “propuesta con el nivel de profundidad y calidad que este proyecto amerita dentro del término indicado, por lo que no estaremos sometiendo una propuesta como proponentes principales en esta ocasión”.

Previamente, Torres había dicho que no pidió participar y aún así fue incluido.

La empresa LAP Consulting, contratada por Familia, evaluó a Coccoloba junto a NOLA Education y Litoral Vivo como parte de un proceso competitivo para ofrecer servicios educativos a niños con rezago, lo que sería sufragado con $38.5 millones del programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).

Ayer, durante su testimonio ante la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos, Roig reiteró que Coccoloba sometió “documentos” para ser evaluados junto a otras propuestas. La comisión evalúa las alegaciones de Blanca Medina Díaz, exjefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), que acusa a Roig de presionarla y hostigarla para que evaluara la propuesta de NOLA Education y diera paso a un contrato, y que hiciera lo mismo con otra propuesta de la empresa Strategic Technology Advisors.

“El tiempo nos dio la razón de que ayer la secretaria de la Familia fue a mentir al Senado de Puerto Rico. Eso es lo que concluye esa carta que estamos viendo en la mañana de hoy, que la secretaria ha mentido reiteradamente y la verdad está saliendo ya”, dijo Morales.

“Yo creo que la secretaria y yo creo que LAP Consulting tienen serios problemas. Yo como ellos, lo primero que estaría haciendo es buscando unos buenos abogados, cooperar con las autoridades, libremente ir donde las autoridades. Explicarle que fue lo que ocurrió en estas propuestas porque evidentemente las cosas las hicieron de manera ilegal y a oscuras”, agregó.

De acuerdo con el informe rendido por LAP Consulting, el comité evaluador estuvo compuesto por su presidente Luis A. Pedraza, Ramón Rodríguez y Misael Pérez. Estos últimos dos tienen contratos con la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca).

Morales reveló que cuenta con una certificación de la Assmca que da constancia de que “esos contratos de esas personas en particular (Rodríguez y Pérez) los administra Luis Pedraza”.

Adelantó que solicitará al Departamento de Hacienda que entregue las hojas informativas como contratistas del gobierno.

Dijo que Pedraza, Rodríguez y Pérez deben comparecer y dar explicaciones ante la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos.