En un intento por obtener información certera, el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, cursó este jueves una carta a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para conocer el estatus de los $35 millones que la administración de Jenniffer González pretende usar para el llamado “rescate financiero” a los municipios en aprietos.

Hernández, quien es alcalde de Camuy, dirigió su misiva a Germán Ojeda, director de Asuntos Municipales y Revisión Legislativa de la JSF.

“Como esta financiación ya ha sido aprobada a través de las negociaciones presupuestarias y entendiendo que ya se ha adoptado una comunicación de la JSF, agradecería su confirmación sobre el estado actual y, si está disponible, una copia de dicha comunicación. Esto permitirá a los municipios miembros planificar adecuadamente y gestionar sus responsabilidades fiscales de manera eficaz”, lee la carta, enviada por correo electrónico y a la que El Nuevo Día tuvo acceso.

El documento destaca que algunos municipios, como Las Marías, están “encarando una situación crítica de liquidez que les impediría cumplir con sus obligaciones de nómina para el próximo período de pago del 29 de junio”.

Bastaron poco más de 20 minutos para que la JSF le contestara a Hernández, también por correo electrónico.

“Estamos trabajando en detalles finales para la asignación y distribución de fondos, y deberíamos estar en condiciones de compartir nuestra propuesta con la OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) en breve”, replicó Ojeda.

La carta de Hernández se produce a solo una semana y media de que termine el año fiscal, el 30 de junio. En mayo, la gobernadora anunció el rescate financiero, y pidió a los alcaldes de los 78 municipios que sometieran una “radiografía” para que la OGP determinara, a base de criterios que fijó, cuáles recibirían la inyección económica, que va de $200,000 a poco más de $1 millón por ayuntamiento.

Aunque la OGP ha dicho que, de los $35 millones, se beneficiarán 45 municipios, no ha precisado cuáles.

La Federación de Alcaldes agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista.