El Departamento de Educación de Puerto Rico se mantiene atento a las posibles implicaciones del virtual desmantelamiento de la oficina del Departamento de Educación federal que supervisa los servicios de Educación Especial, luego que trascendiera una nueva ronda de despidos en la agencia estadounidense.

Al momento, Educación no ha recibido una notificación oficial sobre cambios en los servicios, indicó la secretaria asociada de Educación Especial, Alayra Figueroa González.

“Nuestras oficinas continúan operando con normalidad y ofreciendo todos los servicios esenciales para garantizar que nuestros estudiantes reciban la educación de calidad y los apoyos que necesitan. Hasta la fecha, no se ha notificado ningún recorte presupuestario que impacte nuestras operaciones”, indicó Figueroa González, en declaraciones escritas.

Reportes de prensa publicados desde el viernes han revelado que la nueva ronda de despidos masivos en la agencia federal ha impactado la Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación (OSERS, por sus siglas inglés), que a su vez está compuesta por la Oficina de Programas de Educación Especial (OSEP) y la Administración de Servicios de Rehabilitación.

NPR y The Associated Press publicaron que, según sus fuentes, solo queda un puñado de empleados administrativos en dichas oficinas. Asimismo, fueron despedidos un número desconocido de trabajadores de la Oficina de Derechos Civiles.

Educación federal no ha detallado cuántos empleados de dichas áreas fueron despedidos. En total, la administración Trump anunció el despido de 466 funcionarios de Educación federal, reportó The Associated Press.

La presidenta de la Local 252 de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE), que representa a los empleados de Educación federal, Rachel Gittleman, dijo que los despidos nuevos se sumarán a los anteriores y “duplicarán el daño a los estudiantes de K-12, estudiantes con discapacidades, estudiantes universitarios de primera generación, estudiantes de bajos ingresos, maestros y juntas educativas locales”, reseñó The Associated Press.

Los despidos comenzaron el viernes en medio del cierre del gobierno federal, identificados por la Casa Blanca como “reducciones forzadas de personal”.

Educación federal ha enfrentado ya el despido de casi la mitad de su fuerza laboral desde que Donald Trump llegó a la presidencia, luego que, durante la campaña electoral, prometiera que eliminaría la agencia, que tenía unos 4,000 empleados a inicios de este año. Entre renuncias voluntarias y jubilaciones, los trabajadores de Educación federal iban a quedar en unos 2,100, tras los despidos y renuncias de más de 1,900, reseñó El Nuevo Día en agosto.

Figueroa González aseguró que, desde Puerto Rico, se mantienen en constante comunicación con las autoridades educativas federales.

“De ser necesario, tomaremos las medidas pertinentes y compartiremos la información de forma transparente”, expresó la secretaria asociada de Educación Especial. “Reafirmamos nuestro compromiso con la población de estudiantes con diversidad funcional y sus familias, asegurando que la prestación de servicios educativos especializados continuará sin interrupciones en nuestras escuelas”, añadió.

La OSEP es la oficina que se encarga de supervisar los servicios a infantes, niños y jóvenes con impedimentos y condiciones de salud, mediante “liderazgo” y “apoyo financiero” para los estados y distritos escolares, según su portal web. La principal fuente de financiamiento se provee a través de la ley de Educación para Individuos con Impedimentos (IDEA, por sus siglas en inglés).

En marzo, la secretaria de Educación federal, Linda McMahon, fue criticada por desconocer, en medio de una entrevista con la cadena televisiva Fox News, el significado de la ley IDEA.

La administración Trump no ha presentado un plan claro sobre cómo eliminaría el Departamento de Educación federal, aunque el presidente dio la tarea a McMahon una vez fue designada.

No obstante, cerrar la agencia es una de las propuestas contenidas en el controvertido Proyecto 2025, confeccionado por la Fundación Heritage, del cual Trump se distanció durante la campaña electoral 2024.

El Proyecto 2025 dispone redistribuir los programas que maneja Educación federal entre otras agencias, como Salud o Trabajo. Por ejemplo, Educación Especial y los fondos asignados mediante la ley IDEA pasarían a manos de Salud federal, mientras que el rol de fiscalización de cumplimiento de derechos civiles de los estudiantes -una de las áreas que vela por la garantía de servicios a alumnos de Educación Especial- pasaría al Departamento de Justicia federal.

Los cambios de política pública han causado escollos, por otro lado, en la distribución de fondos de la agencia federal tanto a escuelas como instituciones postsecundarias y organizaciones sin fines de lucro.

En julio, el gobierno federal detuvo el desembolso a los estados de fondos para el programa 21st Century Community Learning Centers (21st CCLC), que en este año fiscal recibirán $1,300 millones, aunque luego se revirtió la decisión. Este es uno de los programas más importantes para financiar iniciativas de tutorías escolares y actividades extracurriculares en las comunidades.

Por otro lado, la agencia federal anunció, el 10 de septiembre, que eliminará subvenciones discrecionales que han rondado los $350 millones anuales y servido a instituciones con alta matrícula de minorías, lo que impactará de forma directa a universidades puertorriqueñas. La administración de la Universidad de Puerto Rico estimó que perderá acceso a unos $8 millones en fondos federales, la Universidad del Sagrado Corazón calculó que dejará de recibir unos $4.1 millones y están en riesgo unos $2.75 millones anuales que preveía recibir la Universidad Ana G. Méndez.