A raíz del cierre del hospital Hope Medical Center, en Humacao, la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) realiza una “evaluación exhaustiva” del decreto contributivo que tiene, desde 2018, el criptomagnate Brock Pierce, quien adquirió la institución hace apenas dos años.

“Tenemos conocimiento de que el caballero tiene un decreto emitido en el 2018. Conocemos lo que pasó con el hospital en estos días. Estamos al tanto. Estamos haciendo una evaluación exhaustiva, ya se está auditando ese decreto”, dijo el director de la Oficina de Incentivos del DDEC, Ernesto Zayas García, en la conferencia de prensa bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

Aunque Zayas García no quiso abundar sobre el estatus del análisis, sostuvo que, entre sus facultades, está la cancelación del decreto y que, en “poco” tiempo, se completará.

Hace dos años, el Hope Medical Center fue adquirido, por $5.3 millones, por Pierce y un grupo de médicos puertorriqueños, como parte del proceso de quiebra del desaparecido conglomerado HIMA San Pablo.

Según el secretario de Salud, Víctor Ramos, los problemas financieros actuales en la institución responden a que presuntamente uno de los inversionistas “le quedó mal”.

El Nuevo Día cuestionó si, además de Pierce, alguno de los otros inversionistas –también beneficiarios de la Ley 60-2019–, sería evaluado por el DDEC.

“Eso es un asunto que tenemos que investigar a fondo. Hospitales de este tipo no tienen decretos con el DDEC, así que no tenemos conocimiento de quiénes son esos inversionistas, más allá de lo que ustedes mismos saben. Así que, como parte de las investigaciones que se están haciendo, pues, estamos identificando quiénes pudieran ser esos inversionistas y si tienen decreto. Pero, como el hospital no figura como un negocio decretoteniente, pues, eso no es información que nos consta en estos precisos momentos”, respondió Zayas García.

De acuerdo con una fuente, parte del problema del hospital es que, desde el saque, operó con un déficit de alrededor de $3 millones. Sin suficiente liquidez para pagar a empleados, la institución ahora debe a un abanico de inversionistas que aportaron capital.

Por otro lado, Zayas García anunció que comenzó la implantación de la figura del “profesional certificado”, que permitirá emitir certificaciones de preelegibilidad a solicitantes de los incentivos con los que cuenta el gobierno.

De esta manera, dijo, se agilizaría el proceso de emitir los decretos; estimó que el tiempo podría reducirse de dos años a 90 días. Estas certificaciones se emitirán anualmente a abogados, contadores públicos autorizados o agrimensores, con licencia para ejercer en Puerto Rico.

“Vamos a poder contar con estos profesionales, que están ahí afuera, para que certifiquen con su licencia profesional lo que es elegible, conforme la ley y la reglamentación. No es que van a estar tomando la determinación, sino que nos van a estar poniendo en la posición, bajo juramento, bajo perjurio y con su licencia, que en efecto han hecho una evaluación de elegibilidad de que ese peticionario cumple con los requisitos”, explicó.

“Con ese certificado de preelegibilidad que estos profesionales nos emitirán, nosotros en la Oficina de Incentivos, podemos validar. Una vez validado, lo podemos incorporar como informes de elegibilidad de la agencia y proceder de inmediato con la redacción de ese decreto”, añadió.

El proceso de registro está activo, mediante el portal de incentivos del DDEC, y se ofrecerá, el 11 de diciembre, el primer adiestramiento anual.