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Candidatos derrotados y figuras ligadas al PNP entre los nuevos nombramientos a fiscales, juntas y procuradores

La Fortaleza defendió que las designaciones procuran “fortalecer el sistema de justicia y mejorar el funcionamiento de agencias clave del gobierno”

8 de octubre de 2025 - 7:10 PM

Sobre estas líneas, la gobernadora Jenniffer González. (Xavier Araújo)

La gobernadora Jenniffer González realizó este miércoles una nueva ronda de nombramientos de fiscales, procuradores y miembros de juntas estatales, entre los que destacan nombres de candidatos derrotados y otras figuras vinculadas al Partido Nuevo Progresista (PNP).

Como miembro asociado de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), González nominó a Carlos Javier Tavárez Santiago, presidente del PNP en Isabela y empleado de la Policía.

En las pasadas elecciones generales, Tavárez Santiago se enfrentó al incumbente Miguel “Ricky” Méndez por la alcaldía isabelina, pero llegó segundo con el 18.27% de los votos. Fue policía municipal y, según sus publicaciones en Facebook, en la reciente convención del PNP –celebrada el pasado fin de semana– se encargó de movilizar gente desde Isabela hasta San Juan.

“Asumo esta nueva encomienda con la misma vocación de entrega, justicia y el compromiso que siempre me ha guiado”, publicó Tavárez Santiago en Facebook, donde tiene fotos con los senadores Ángel Toledo y Jeison Rosa, así como con Raúl Márquez, subsecretario del PNP.

La JLBP se encarga de evaluar solicitudes de libertad condicional y emitir recomendaciones sobre casos de personas privadas de libertad.

De otra parte, la gobernadora hizo ocho nombramientos de fiscales y procuradores, incluyendo a Joan Marie Hernández Marrero, quien fue ascendida a fiscal auxiliar II.

Hernández Marrero lleva casi dos años como fiscal I, pero, en 2024, estuvo acogida a una licencia para fungir como oficial de prensa del Departamento de Justicia hasta que finalizó la administración de Pedro Pierluisi. Este año, se informó mediante comunicado de prensa, dirige el Instituto de Capacitación y Desarrollo del Pensamiento Jurídico. La entidad se encarga de la formación continua de todo el personal de Justicia.

Anamar Menéndez González y Pedro Juan Mateo Casado fueron nombrados directamente como fiscales auxiliares II.

Menéndez González fue una de cinco estudiantes de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras que, en 2017, presentó una demanda exigiendo la apertura de los portones de la institución mientras transcurría un paro. Entonces, era estudiante de la Escuela de Derecho y se le identificó como parte de un grupo de alumnos vinculados al PNP, quienes crearon la Coalición Universitaria por el Progreso.

Mientras, Mateo Casado es hijo de la exrepresentante del PNP Elizabeth Casado, quien, en 2012, enfrentó una querella ética –posteriormente desestimada– por alegado fraude y falsificación de documentos. Poco antes de salir de la Legislatura, Casado fue designada como fiscal.

Como fiscales auxiliares I, la gobernadora nombró a Natalie Lausell Rodríguez, Ángel Luis Pérez Sánchez y Albert Torres Mercado. Además, designó a Tania Fernández Medero y Samuel Wiscovitch Coralí como procuradores de Asuntos de Menores. Wiscovitch Coralí fue secretario auxiliar de Servicios y Gobierno en el Departamento de Estado bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares y, en redes sociales, se describe como “pro familia”, “pro libertades individuales” y “estadista”.

Estos nombramientos pasarán ahora a la consideración del Senado.

En cambio, los designados que ejercerán sus funciones de manera inmediata, ya que no requieren aval legislativo, incluyen a Yrving Joel Rodríguez Torres y Helga I. Méndez Soto, como miembros de la Junta Examinadora de Agrónomos; Kristal D. Collazo García, como miembro del Consejo Estatal de Vida Independiente; Félix Negrón y Coral Cummings Pino, como miembros de la Junta de Directores de la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura; y Suheidy Barreto Soto, como miembro de la Junta Examinadora de Planificadores de Puerto Rico.

Todas las nominaciones, según un comunicado de prensa de La Fortaleza, procuran “fortalecer el sistema de justicia y mejorar el funcionamiento de agencias clave del gobierno”.

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