El Senado y su Comisión de Nombramientos no han podido garantizarle al país un proceso transparente y público al evaluar 25 nombramientos de jueces, 24 de fiscales, tres de procuradores de menores y seis registradores de la propiedad, coincidieron fuentes consultadas.

Ayer, el presidente de la Comisión de Nombramientos, Héctor Martínez, se limitó a indicar que realizaría vistas ejecutivas de algunos nombramientos, aunque no dijo cuándo ni cuáles. Este mecanismo, utilizado con frecuencia en el Senado durante el pasado año, se ha ejecutado con la pretensión de sustituir la vista pública y consiste en reunir a los miembros de la comisión que corresponda a discutir a puerta cerrada un asunto en particular.

El portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, dijo que al menos una docena de los nombramientos serían rechazados, aunque otras fuentes apuntan que serían más. Ríos confirmó que entre los nombramientos que enfrentan cuestionamientos se encuentran los de las fiscales Arlene Gardón e Ileana Espada, el registrador Miguel Hernández Sanabria y el de Mariana Cobián como Comisionada Asociada del Negociado de Telecomunicaciones.

“Hemos tenido conversaciones con Fortaleza donde se ha expresado que alrededor de una docena de nombramientos no gozan del consejo y el consentimiento, y le toca a La Fortaleza decir si los retiran o no”, dijo Ríos.

El aspirante a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez; el senador popular Cirilo Tirado y el decano de la escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet, indicaron que la prisa y el hermetismo no ayuda a nadie y que los mecanismos de correos electrónicos y vistas ejecutivas no subsanan la ausencia de la vista pública.

“Todo nombramiento tiene que hacerse con transparencia, que haya un proceso de vista pública y se puedan evaluar los méritos y deméritos del candidato. Hemos tenido mucha experiencia, particularmente en este cuatrienio, de personas cuyos desempeños fueron lamentables y cuando buscamos un común denominador vemos que fue la falta de fiscalización, la falta de rigor en el proceso de evaluación de esos candidatos”, dijo Fontanet.

El expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas reconoció que la práctica de que se evalúen decenas de nombramientos al finalizar cada cuatrienio no es nueva, pero que “es hora de terminar esa práctica”. Manifestó que la vista ejecutiva o los comentarios por internet, si bien “son mejor que tener nada”, no son un ejercicio responsable de evaluación.

Para Dalmau Ramírez, quien al igual que Tirado es integrante de la Comisión de Nombramientos, estas designaciones son parte de una negociación entre el Senado y La Fortaleza en que se utilizan los designados como mecanismo para ejercer presión en búsqueda de que leales al Partido Nuevo Progresista sean “atornillados” en el gobierno.

“Y quien a final de cuentas sufre las consecuencias es el país, que tiene a gente ocupando puestos, algunos por más de una década y no necesariamente tienen los méritos para el cargo”.

Dalmau Ramírez indicó que la vista ejecutiva o los comentarios por internet no subsanan la falta de una vista pública en la medida en que se priva al legislador de tener un careo con el nominado. Además, recordó que en el proceso de evaluación del Código Civil, el Senado omitió del informe final de la medida comentarios en contra del proyecto.

El PIP propone un sistema en que abogados licenciados tengan que tomar clases especializadas para convertirse en jueces y fiscales. Tras completar los cursos estarán sujetos a un sistema de evaluación académica, de desempeño por parte de sus pares y gremios especializados. Los que salgan con mejores puntuaciones ocuparían los cargos sin tener que pasar por el proceso de nominación del poder Ejecutivo y la evaluación del poder Legislativo.

En el caso de Tirado, describió el proceso de evaluación en la Comisión de Nombramientos como “irresponsable”.

“Sean los nombramientos antes o después de las elecciones, deben darse vistas públicas. Es lo mínimo que el país espera”, dijo al señalar que no ha recibido información alguna de la comisión. “No se puede gobernar un país por redes sociales o virtualmente”, agregó.

Tirado señaló que, si bien no hay nada concreto establecido en lo que sería la plataforma de gobierno del Partido Popular Democrático sobre el tema de los nombramientos, dijo que se atenderá el tema.