La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó este jueves su primer informe en más de cinco meses, una auditoría sobre la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) que identificó el pago de más de $150 millones en beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) a personas fallecidas.

El informe, que abarca de 2017 a 2024, expuso un segundo “hallazgo significativo”, en referencia a deficiencias en el manejo de instituciones que albergan transitoriamente a residentes elegibles para recibir este beneficio.

Se trata de apenas el segundo informe que firma la contralora Carmen Vega Fournier desde que fue confirmada al cargo a mediados de octubre de 2025. El 27 de octubre, Vega Fournier suscribió una investigación sobre la Oficina Regional Educativa de Bayamón, pero, desde entonces, la OCPR no había divulgado los resultados de ninguna pesquisa adicional, generando cuestionamientos de expertos en administración pública y derecho consultados por El Nuevo Día.

Tan reciente como el miércoles, la contralora dijo a este medio que la brecha en la publicación de auditorías respondía a que la entidad fiscalizadora se encontraba en “un proceso de cambio de imagen”, enfocado en ajustes a los logos y las plantillas en que se divulgan los informes.

“El formato era demasiado intenso”, había expresado en entrevista telefónica.

Aunque publicado el jueves, el informe de auditoría a la Adsef tiene fecha del 26 de marzo. En su conversación con este diario, Vega Fournier había adelantado que, para fin de mes, verían la luz “como 20 o 25 informes” que ya estaban “listos para producción”.

Según Vega Fournier, pese a la dilación en la publicación, ninguna pesquisa en curso se había detenido.

El documento de la auditoría de la Adsef está encabezado por el nuevo logo de la OCPR, que incluye un diseño en azul y anaranjado, en contraste con el contenido del informe, que se presenta exclusivamente en blanco y negro. Bajo la excontralora Yesmín Valdivieso, los informes solían incluir tablas que destacaban información clave en colores variados, estilo que Vega Fournier describió como “medio infantil, como de kínder”.

Los $150,663,786 que la OCPR detectó que se enviaron a personas fallecidas representaron poco menos del 0.8% de más de $19,500 millones que la Adsef desembolsó del PAN en el período auditado.

Al igual que con las deficiencias identificadas en la supervisión de las instituciones que acogen a participantes del PAN, la contralora emitió una “opinión adversa” en relación a los pagos improcedentes.

“La emisión de una opinión adversa refleja deficiencias materiales en los controles internos y en el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias. Nuestro deber es presentar estos hallazgos con objetividad para propiciar acciones correctivas y fortalecer la administración pública”, expresó Vega Fournier, en un comunicado de prensa.

De acuerdo con el informe, de 24 páginas, fueron 988,617 los desembolsos a 38,618 personas cuyos números de Seguro Social consignaban la defunción. Los errores, según la OCPR, se produjeron a pesar de que, entre 2019 y 2024, la Adsef suscribió tres acuerdos de colaboración con el Registro Demográfico para intercambiar diariamente los datos de defunciones.

“De los 38,618 participantes, evaluamos la información de 385, a los que se realizaron 10,700 pagos por $1,623,280, del 4 de enero de 2017 al 22 de agosto de 2024”, indica el documento. Al 30 de septiembre de 2024, de ese grupo de 385 personas fallecidas, 34 continuaban figurando como “casos activos” en la Adsef, aunque habían muerto en algún momento entre 1990 y 2022.

La cifra de $150.7 millones desembolsados incorrectamente a lo largo del período de siete años y siete meses equivalen a un promedio cercano a $20 millones anuales destinados a personas fallecidas.

Según la OCPR, los desembolsos fueron resultado de que “las personas encargadas del núcleo de servicio, el representante autorizado o los miembros del núcleo familiar del participante, no informaron los fallecimientos de los integrantes de su unidad familiar” y que hubo períodos de 2017 a 2019, 2020 a 2021 y 2023 a 2024 en que los acuerdos de la Adsef con el Registro Demográfico no estaban activos.

Entre los comentarios de exfuncionarios del Departamento de la Familia consignados en el informe, se detallaron alusiones a las diversas emergencias que el país enfrentó en el período correspondiente.

“Ante esta crisis, las agencias fueron impactadas, inclusive, llevando a cabo acciones por órdenes ejecutivas y administrativas para que la ciudadanía no dejara de recibir los servicios esenciales, tales (como): protección social, salud, alimentación, vivienda, educación, transportación, energía eléctrica, agua, seguridad, entre otros”, expresó el exsecretario de la Familia Eddie García Fuentes, quien dirigió la agencia de enero a junio de 2020, en plena pandemia de COVID-19.