La Administración de Vivienda Pública (AVP) aún tiene $6 millones disponibles como parte del Programa de Asistencia para la Renta, que provee ayuda para el pago de renta, luz y agua, en caso de que estén en atraso.

Sin embargo, el administrador de la AVP, Juan Rosario, aclaró este martes que, por el momento, no están proveyendo ayuda a solicitantes nuevos, sino atendiendo el listado pendiente.

“Todavía tenemos participantes que están en lista de espera. Precisamente, hoy (martes) tenemos una reunión en la tarde con la compañía que está ayudándonos para poder verificar los casos y, posterior a ello, tomar determinación de si abrimos, entonces, el portal para el público en general”, explicó Rosario, durante la sesión semanal “En Récord”, en La Fortaleza.

Señaló que la Junta de Supervisión Fiscal dio el visto bueno a la AVP para continuar con el programa.

“A la fecha de hoy, hemos realizado ocho desembolsos, que se estiman en alrededor de $2.6 millones, que han impactado, han beneficiado a 2,225 familias de nuestros residenciales públicos y renta privada. Nos quedan alrededor de $6 millones disponibles para continuar con el desembolso. A lo que entendemos, cumpliendo con las fechas establecidas por el gobierno federal, vamos a lograr hacer el desembolso total del 100%”, añadió.

El programa –popularmente conocido como COVID Renta– comenzó en abril de 2020, tras la emergencia que provocó la pandemia de COVID-19. Provee ayuda para cumplir con el pago de alquiler de viviendas y servicios de electricidad y agua potable en atraso.

El beneficio paga hasta el 200% de la renta razonable en el municipio del solicitante, determinada por el Departamento de Vivienda federal, sobre la base de una tabla cuyo monto varía por pueblo y la composición familiar.

En abril de 2020, la AVP recibió $325 millones de fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, en inglés) para esta iniciativa. De esa cantidad, el gobierno de Puerto Rico, bajo la pasada administración de Pedro Pierluisi, debió devolver $85.2 millones después de una evaluación del gobierno estadounidense para identificar cuánto dinero era necesario para proveer el beneficio a los puertorriqueños.

Posteriormente, Puerto Rico obtuvo una segunda asignación ascendente a $240.3 millones.