Al inaugurar el puente atirantado de Naranjito en octubre de 2008, a destiempo y sin cumplir con las restricciones recomendadas por los diseñadores, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) pudo haber puesto en riesgo tanto la seguridad ciudadana como la integridad de la estructura. La corporación pública, además, permitió el uso de hormigón de baja resistencia, incumplió con la inspección final que establecía el manual de especificaciones y realizó enmiendas contractuales, por más de $4 millones, que no informó a la Oficina del Contralor (OCPR).