Al menos, 19 empleados de los Centros de Servicios al Conductor (Cesco) y la Directoría de Servicios al Conductor (Disco) fueron señalados de posible fraude por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), tras identificar que alteraron el estatus de multas de tránsito sin pagar, incluyendo algunas emitidas a familiares, compañeros de trabajo y hasta de la propia persona que ejecutaba el cambio.

Las imputaciones fueron referidas al Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental.

“Hemos tomado acciones disciplinarias y administrativas, incluyendo la remoción de accesos y la reasignación de funciones a personal relacionado con irregularidades, y continuamos cooperando con los referidos realizados al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental”, dijo este jueves el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, en una reacción escrita a El Nuevo Día.

El hallazgo es parte de un informe de auditoría de la OCPR, que reveló, además, que el DTOP dejó de cobrar $47.9 millones correspondientes a 543,711 multas sin corregir para 2019. La auditoría abarcó el período del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2021.

“En cuanto al señalamiento de multas sin cobrar y deficiencias en el proceso de digitalización y cambio de estatus, ya se trabaja en la asignación de personal, la revisión de procesos internos y el desarrollo de un reglamento que uniformará las directrices sobre la modificación de multas en el Sistema DAVID”, indicó el secretario. “Además, se están reforzando los controles internos y modernizando los sistemas para evitar que situaciones similares se repitan”, añadió.

De acuerdo con el informe, el DTOP dejó de cobrar las multas debido a la falta de registro en el “Drivers and Vehicles Information Database Plus”, conocido como Sistema DAVID. Según los hallazgos, la oficinista encargada de la digitalización y corrección de los boletos se acogió a una licencia, en septiembre de 2017 y, al reintegrarse, fue reasignada a otras funciones, dejando un vacío de atención.

En respuesta, el DTOP formalizó, en 2019, un contrato de $350,000 con una compañía encargada de la digitalización para corregir las multas. De hecho, del 24 de octubre de 2013 al 13 de octubre de 2020, el DTOP otorgó ocho contratos y siete enmiendas por $8,933,333 a dicha compañía, para adquirir los servicios de digitalización y gravamen de los boletos en el Sistema DAVID.

El informe precisa que el 90% de las 543,711 multas (486,859, por $42,690,927) no pudieron ser corregidas mediante programación automatizada, principalmente porque la escritura era “ilegible”. Además, se incluyeron, en el contrato, 308,143 multas, por $25,511,337, que ya habían expirado y, por lo tanto, no podían ser cobradas.

El contratista había prometido que más del 95% del proceso sería manejado por tecnología, pero, al no cumplir, sugirió que el DTOP asignara personal para la corrección manual. La OCPR señaló que esto resultó en un gasto de $350,000 en un contrato que “no tuvo utilidad”.

La auditoría reveló, igualmente, deficiencias en el proceso de verificación y pago de las facturas por servicios de digitalización al contratista. De una muestra de 42 facturas, por $6,035,605, el 69% (29, por $3,328,217) fueron certificadas como correctas por personal del Cesco Metropolitano, que no estuvo presente durante el proceso de digitalización.

Además, nueve facturas, por $1,546,795, fueron pagadas sin que las “hojas de control”, que debían certificar la cantidad de boletos digitalizados, estuvieran firmadas por un empleado de la Disco o el Cesco Metropolitano. Esto generó desembolsos por $4,875,012, sin la seguridad de que las cantidades facturadas fueran correctas, lo que “pudo dar lugar a pagos indebidos”.

El informe detalla una serie de “deficiencias en el proceso de cambio de estatus de las multas gravadas en el Sistema DAVID”, incluyendo posibles transacciones fraudulentas. La auditoría encontró que, de una muestra de 455 multas –por $48,837–, 85 vencieron debido a la tardanza en el registro en el Sistema DAVID, y 21 ya estaban expiradas al momento de ser gravadas. Además, los operadores realizaron 53 cambios de estatus sin cumplir con la reglamentación.

Los auditores encontraron tres multas saldadas sin evidencia de pago, 15 cambiadas incorrectamente a estatus de “expirada” y 12 invalidadas sin justificación. Una de las multas invalidadas, por $500, fue realizada por un consultor de la Disco, a quien se le había emitido.

Los 19 operadores que la OCPR identificó realizaron, en total, 129 cambios de estatus a las multas de forma irregular, incluyendo:

Estos operadores, además de las multas examinadas en la muestra, también cambiaron el estatus de otras 2,290 multas, por $83,100, las cuales, según la OCPR, “también podrían carecer de la evidencia o la justificación para los cambios”.

El informe precisa que, mediante carta, el 23 de diciembre de 2024, la entonces secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, informó a la contralora Yesmín Valdivieso sobre investigaciones realizadas por la Oficina del Asesor Legal del DTOP, en coordinación con la Oficina de Investigaciones e Inspección de la Disco, que resultaron en la destitución de un empleado del Cesco Metropolitano y la formulación de cargos e intención de destitución de otros tres empleados de los Cesco de Bayamón y Caguas y el Centro de Servicios Integrados del Centro Gubernamental Minillas.

La auditoría reveló, también, deficiencias en el almacén de documentos del Cesco Metropolitano. Por ejemplo, no se mantiene un inventario actualizado, no se lleva un registro de entrada y salida de documentos y no se controla el acceso al espacio, que, incluso, tiene una puerta de seguridad dañada, señala el informe.

Además, los auditores anotaron que, entre el 48% y el 68% de las 921,322 multas de AutoExpreso –que sumaron $29.2 millones, entre 2016 y 2018–, son incobrables debido a que el DTOP carece de un mecanismo para identificar a los conductores de vehículos arrendados. Esto, a su vez, resulta en que las multas se transfieran a personas sin licencias de conducir vigentes o a nombre de compañías, quienes no son notificadas de dichas multas.