La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) pagó $47,976 en exceso a tres contratistas por servicios relacionados con la salud, servicios profesionales y servicios no profesionales, reveló un informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) que, como consecuencia, recomendó el recobro total del dinero.

Pese a ello, la actual administradora de la dependencia, Catherine Oliver Franco, no especificó qué gestiones, si alguna, ha hecho para acatar el dictamen.

Las irregularidades encontradas por la OCPR pueden representar solo una parte del problema, ya que la auditoría examinó 187 facturas, por $3,488,060, pagadas del 20 de agosto de 2019 al 5 de octubre de 2023, pero, en ese mismo período, la Assmca otorgó 11,951 contratos y enmiendas por $413,916,502.

Oliver Franco no estuvo disponible para entrevista con El Nuevo Día. En su lugar, a través de su equipo de comunicaciones, dijo que, bajo su dirección, “la agencia tiene un enfoque de sana administración y transparencia”.

“Por tal motivo”, añadió, está “examinando a profundidad estos señalamientos y todos los procesos relacionados a estos, para poder delinear acciones correctivas que aborden efectivamente las deficiencias identificadas”. También, planteó que tiene como objetivo “mejorar los procesos y garantizar un manejo adecuado de los recursos en el futuro”.

Durante el período auditado, la Assmca tuvo dos administradores. La primera fue Suzanne Roig Fuertes –actual secretaria del Departamento de la Familia– entre el 1 de julio de 2019 y el 8 de enero de 2021.

“Los señalamientos serios que hay como esos”, dijo Roig Fuertes en referencia a los pagos indebidos, “no corresponden a mi período, no son eventos que se dan mientras yo fui administradora”.

En una breve entrevista con este medio, defendió su manejo en la Assmca, y sostuvo que, en el pasado, la agencia “gozó de sana administración”. “Ahora mismo, (la) Assmca ha retomado esos principios y yo estoy convencida de que se van a tomar las medidas pertinentes y que se van a gestionar los recobros”, afirmó.

El informe de la OCPR, publicado en abril, precisa que los pagos indebidos se realizaron entre el 21 de septiembre de 2021 y el 3 de marzo de 2023, período durante el cual el exsenador Carlos Rodríguez Mateo, del Partido Nuevo Progresista, era administrador. El Nuevo Día intentó, en varias ocasiones, obtener una entrevista o reacción de Rodríguez Mateo, pero no estuvo disponible.

Sobre recobros pendientes, precisamente, este medio reveló, hace poco más de una semana, que el gobierno ha fallado en recuperar más de $42.1 millones que, según los informes de la OCPR, deben ser devueltos a las arcas públicas, debido a irregularidades detectadas en contrataciones durante los pasados cinco años.

En cuanto a la Assmca, los auditores de la OCPR detectaron múltiples deficiencias en facturas certificadas sin desglosar el tiempo invertido en cada tarea, sin incluir el número ni fecha del contrato, ni deducir la aportación al Fondo General, entre otros hallazgos. La Assmca también pagó $4,962 por servicios administrativos realizados de forma remota que incluían tareas presenciales, como ponchar contratos, crear expedientes y clasificar documentos.

“Los contratos y sus enmiendas en cuestión están revestidos de un alto interés público, puesto que sus servicios están dirigidos a brindar servicios médicos clínicos y de psiquiatría continuos, ininterrumpidos en salas de emergencia del Hospital de Psiquiatría Forense del Estado, administrado por la Assmca”, señala el informe.

“Nótese que no estamos hablando aquí de servicios que solo se circunscriban o cuyo propósito principal consista en el producto de la labor intelectual, creativa o artística, o en el manejo de destrezas altamente técnicas o especializadas, sino en uno de mayor envergadura. El derecho al acceso a los servicios de salud por parte del gobierno de Puerto Rico que emanan del derecho a la vida, reconocido en la Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico”, añade.

De acuerdo con el informe, esta situación provoca que la Assmca no tenga certeza de que la información en las facturas y los pagos estén acorde a lo contratado. La auditoría –de tres hallazgos– señaló, además, que el 75% de los contratos examinados se registraron en la Oficina del Contralor con tardanzas de hasta dos meses.

La auditoría encontró que la Assmca contrató servicios para realizar tareas de puestos regulares vacantes, como el de director de centro, director médico o coordinadora administrativa de compras, entre otros. Del 2021 al 2023, la agencia tuvo una disminución de 416 puestos y otorgó 379 contratos, por $16.5 millones.

El informe señala que la Assmca no había realizado un estudio para determinar la manera más económica y eficiente de prestar estos servicios, ni tampoco le había solicitado ayuda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para realizar esta evaluación.

Además, los auditores identificaron que una contratista facturó $262 a la Assmca y al Senado por una misma actividad, el “Taller FORPAP de Primeros Auxilios Psicológicos en el Club Puertorriqueño del Municipio de Guánica”. La agencia respondió a la OCPR que le correspondía al Senado recobrar ese dinero.