Hatillo - Mientras la gobernadora Jenniffer González presentó un proyecto de administración que excluye la eliminación automática de las escoltas de los exgobernadores, el senador novoprogresista Juan Oscar Morales apostó este lunes por una nueva versión de la medida de su autoría que fue vetada para atender el tema.

La mandataria destacó que no renunciaría a las escoltas al salir de La Fortaleza, y defendió su proyecto de ley al argumentar que jurisprudencia del Tribunal Supremo estableció que este beneficio para los exmandatarios es un “derecho adquirido”.

“El Tribunal Supremo de Puerto Rico había resuelto, en el caso de Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón versus el gobierno de Puerto Rico, que el derecho a las escoltas es un derecho adquirido por los exgobernadores y que, por lo tanto, cualquier medida que se apruebe tiene que ser prospectiva”, subrayó la mandataria.

“Eso no se consideró en el proyecto original (Proyecto del Senado 752) como estaba redactado. Decía una cosa en la exposición de motivos, como que reconociéndolo, pero no en el decreto. Así que yo no quiero aprobar una firma que después el Tribunal me lo va a tumbar, y va a ser nulo. Va a ser para efectos de prensa, pero no va a tener ninguna realidad”, agregó.

En 2009, el Tribunal Supremo determinó que el servicio de escoltas es un derecho adquirido de los exgobernadores a raíz de un demanda incoada por Hernández Colón y Romero Barceló, luego que el también exgobernador Aníbal Acevedo Vilá los privara de ese servicio de seguridad pago con fondos públicos.

Durante el fin de semana, la gobernadora le impartió lo que se conoce como un veto de bolsillo al Proyecto del Senado (PS) 752, que buscaba enmendar la Ley de la Policía para eliminar prospectivamente el privilegio de escoltas a los exgobernadores y de manera inmediata a aquellos que hayan resultado convictos de delito, como es el caso de Wanda Vázquez Garced.

La medida de la autoría de Morales había sido aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa.

Un día después de conocerse del veto, la gobernadora presentó su medida, y lo mismo hizo el senador de su partido.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, Morales defendió la presentación de su medida tras el veto de la primera ejecutiva. El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, había indicado el domingo que el proyecto del legislador no fue firmado por la gobernadora porque contenía “enmiendas que se apartan de su intención original”.

“Pero el proyecto no es del Ejecutivo. Es del Legislativo. Nuestro objetivo siempre fue eliminar un servicio que no se debe estar ofreciendo, es innecesario y es costoso para el pueblo de Puerto Rico”, ripostó el senador.

La gobernadora, en tanto, no pudo precisar cuánto se ahorraría el fisco a base de su proyecto de ley. Morales, en cambio, sostuvo que su medida redundaría en economías de $1.5 millones a $2 millones anuales.

“Esto no se trata de ahorros. Aquí de lo que se trata es de que le estamos dando transportación, dieta, peaje y gasolina (a quienes se benefician de las escoltas). Si alguien entiende que eso es justificable, que lo diga”, sentenció Morales.

“Si la gobernadora está preocupada por su escolta, (buscamos) ver de qué manera le vamos a dar a los gobernadores 12 meses de escolta después que finalice su mandato y luego no tiene escolta ninguna. A menos que la persona tenga alguna situación de seguridad, pues le puede solicitar al superintendente de la Policía que le extienda el servicio de escolta, y el superintendente tendrá que evaluar en sus méritos si amerita esa escolta”, abundó.

El proyecto de administración también busca eliminar el beneficio de escoltas a aquellos exmandatarios que hayan resultado convictos por delito grave o menos grave en la jurisdicción estatal o federal, y a los candidatos a la gobernación y comisionado residente durante la campaña electoral.

La gobernadora adujo que la medida de Morales establecía la eliminación de escoltas para funcionarios de su Gabinete, como los secretarios de Estado, Justicia y Corrección, así como los presidentes legislativos y el comisionado residente en Washington.

“Así que yo no voy a poner tampoco en peligro a funcionarios que ejercen una función que, en muchos casos, tienen amenazas que van a la vida y de sus familias también”, enfatizó la primera ejecutiva.

Pero Morales rechazó ese argumento. “Eso no es cierto. Mi proyecto no tocaba nada sobre eso”, sostuvo el senador, quien destacó que el proyecto radicado y que lleva el número 880 del Senado establece que los funcionarios no tendrán escolta excepto Justicia, Corrección, Estado y el jefe de la Policía.

Respecto a cómo se atenderán las dos piezas legislativas en el Senado, Morales dijo que eso era prerrogativa del presidente Thomas Rivera Schatz. “En honor a la verdad, mi proyecto fue radicado primero que el de la gobernadora. Mi proyecto tiene el (número) 880 y el de la gobernadora es el 881″, subrayó, sin embargo.