Caguas - La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cuestionó la capacidad del Departamento de Educación para financiar las operaciones actuales y la ampliación de escuelas públicas alianza dentro del sistema educativo, ante un déficit proyectado de unos $13 millones para estos planteles este año fiscal.

Sin embargo, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, señaló que la falta de certeza en los fondos disponibles para las escuelas públicas alianza (EPA) es la misma que aqueja al resto de las escuelas públicas y por lo cual, año tras año, se reportan problemas al final del año académico para cumplir a tiempo con ciertas obligaciones financieras.

“Aunque ellos (la JSF) hablan de una partida en particular de fondos estatales, realmente estas escuelas son tratadas como una escuela regular en el Departamento, así que es lo mismo que hemos venido señalando y que se está trabajando con la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Hay un planteamiento para atender todas las deficiencias presupuestarias”, indicó Ramos Parés, tras participar el jueves de un simulacro de terremoto en una escuela en Caguas.

“Igualmente, las escuelas públicas alianza se ven perjudicadas por los recortes, por los ajustes que está haciendo el Departamento o por las deficiencias en algunas partidas de presupuesto. Hemos visto de manera tangible lo que es (la falta de presupuesto para servicios como) mantenimiento, lo que es seguridad, pero igualmente, para la compra de materiales y otras áreas (que) recibieron recortes sumamente drásticos”, expuso el secretario.

El director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, cursó una comunicación escrita a Ramos Parés y al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, en la cual solicita información sobre la “revisión fiscal” que se hizo para aprobar los contratos a cinco años entre Educación y las entidades que operan estas escuelas, acuerdos conocidos como “cartas constitutivas”.

“Para el año escolar 2026-2027, el DEPR autorizó cinco EPA adicionales, cuatro de las cuales comenzaron operaciones durante el semestre en curso. En este contexto, entre junio y julio de 2026, el DEPR presentó para la revisión y aprobación de la Junta de Supervisión dos cartas constitutivas propuestas y 18 enmiendas propuestas a cartas constitutivas existentes, para un total de 20 transacciones relacionadas con cartas constitutivas, con un valor agregado de $43,716,949.58″, indicó Mujica.

El director ejecutivo de la JSF destacó que, previo a llegar a la JSF, toca a la OGP evaluar los contratos y certificar que hay fondos disponibles para ellos.

“En consecuencia, las 20 transacciones relacionadas con las cartas constitutivas ya habían sido objeto del proceso de revisión y autorización fiscal de la OGP antes de presentarse a la Junta de Supervisión. No obstante, durante la revisión posterior de la Junta de Supervisión, el DEPR informó un déficit de fondos agregado de $13,093,924 para los gastos de las EPA correspondientes al año fiscal 2027″, apuntó Mujica.

Ramos Parés explicó que la necesidad de fondos para las escuelas conocidas como chárter fue calculada a base de lo que estiman requieren todas las escuelas del sistema público y que no está cubierto por el presupuesto.

“Como estas escuelas son tratadas igual que las demás escuelas, lo mismo que nosotros entendemos que haría falta para ‘Schoolwide’ (término con el que se conoce el presupuesto que va a las escuelas, compuesto por fondos estatales y federales) para operar (una escuela) de una manera normal, pues se extrapola hasta llevarlo a lo que es el presupuesto de las escuelas públicas alianza”, indicó.

Educación cerró el pasado año escolar con controversias presupuestarias, principalmente relacionadas con los pagos a proveedores de servicios de Educación Especial y a transportistas escolares. Este último reclamo también marcó el inicio del año escolar corriente, pues aún hay deudas pendientes con estos proveedores.

Ramos Parés señaló, en agosto, que estaba en reuniones con OGP para identificar cómo atender las deficiencias en su presupuesto, en parte, debido a que se han agotado fondos federales que han utilizado, en años anteriores, para cubrir fondos recurrentes.

Mujica ordenó a Educación entregar, en o antes del 30 de noviembre, información detallada sobre cada una de las escuelas públicas alianza, así como todos los contratos o cartas constitutivas aprobadas por OGP desde el inicio del año fiscal 2025-2026 al presente que no hayan sido enviadas a la JSF. Además, requirió a Educación información sobre las propuestas que evalúa para escuelas públicas alianzas nuevas y el impacto financiero, así como un plan de acción de OGP para atender las deficiencias de fondos para estos planteles.

“La decisión de iniciar solicitudes para EPA nuevas conlleva un impacto fiscal previsible, ya que la autorización de una EPA puede generar compromisos operacionales y financieros multianuales. Por consiguiente, el impacto fiscal de cualquier expansión propuesta, incluida la disponibilidad y sostenibilidad de los fondos necesarios para respaldarla, debería evaluarse antes de que el DEPR inicie una solicitud o avance de cualquier otra manera el proceso de autorización de EPA adicionales”, argumentó Mujica.

El secretario reiteró que el presupuesto del sistema educativo no se puede manejar de la misma forma que otras agencias, pues hay servicios que no se pueden recortar. Señaló, por ejemplo, que la agencia recibe críticas por los recortes anunciados en contratos de mantenimiento y de seguridad, “y simplemente tiene que asumirlas”.

“Ellos (la JSF) están preguntando que a qué obedece que nosotros estemos diciendo eso (el déficit de $13 millones). Obviamente, al hecho de que la Junta entiende que las escuelas tienen que ajustarse a lo que es la asignación presupuestaria, y nosotros estamos diciendo que pueden haber servicios que no se pueden ajustar porque estamos obligados a darlos”, manifestó, al enumerar transacciones como la contratación de maestros de Educación Especial, los asistentes de servicios educativos o la transportación escolar.