El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, informó en la mañana del martes que entregó a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y al Departamento de Justicia (DJ) documentos que alega son evidencia “adicional” de “actos de corrupción” por parte del exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) Sebastián Negrón Reichard.

En comunicado de prensa, Domenech sostuvo que la prueba que entregó el lunes está relacionada con la tramitación de un decreto contributivo solicitado por la esposa de Negrón Richard antes de que este presentara su inhibición ante la OEG.

“Esta evidencia adicional, que surge de documentos oficiales del propio expediente de la agencia, desmiente las expresiones hechas la semana pasada por el exsecretario del DDEC y el exdirector de Incentivos del DDEC, Ernesto Zayas García, quienes negaron mediante una comunicación a los medios haber procesado o aprobado alguna solicitud de decreto contributivo realizada por María Beatriz Gorostiaga Zubizarreta, esposa de Sebastián Negrón Reichard”, indicó el secretario de la Gobernación.

“La evidencia documental de la propia agencia demuestra que este proceso se estuvo trabajando activamente durante semanas antes de que el entonces secretario presentara un mecanismo de inhibición ante la Oficina de Ética Gubernamental. Los documentos levantan serias interrogantes sobre quién conocía, quién intervino y quién impartió instrucciones dentro del DDEC para que esta solicitud avanzara de manera acelerada”, agregó.

El comunicado señala que la declaración jurada suplementaria, presentada el lunes por el secretario de la Gobernación, demuestra que la esposa de Negrón Reichard sometió el 1 de marzo de 2026 la solicitud número 2025-Act60/2100.01-000504 para obtener un decreto bajo la Sección 2100.01 del Código de Incentivos de Puerto Rico, Ley 60-2019.

Según Domenech, el expediente refleja que documentos relacionados con la solicitud fueron sometidos en agosto de 2025, en diciembre de 2025 y en febrero de 2026, “evidenciando que la gestión para obtener el beneficio contributivo comenzó meses antes de que Negrón Reichard solicitara inhibirse de cualquier intervención relacionada con el caso”.

Señaló que la respuesta de la OEG al exsecretario tiene fecha del 1 de mayo de 2026, con la advertencia de la misma no es retroactiva.

“Además, se demuestra que apenas 16 días después de presentada la solicitud, el 17 de marzo de 2026, personal de la Oficina de Incentivos había preparado un borrador de decreto y una hoja de recomendación para consideración del propio secretario del DDEC”, apuntó.

Añadió que el borrador fue enviado el 13 de abril de 2026 al Departamento de Hacienda para comentarios y recomendaciones, “mientras aún no existía una determinación de la Oficina de Ética Gubernamental sobre el mecanismo de inhibición presentado por Negrón Reichard”.

Alegó que el expediente también demuestra que el caso continuó avanzando internamente hasta quedar clasificado como “Listo para evaluación final” el 26 de mayo de 2026, antes de la salida de Negrón Reichard del cargo.

Domenech destacó que los documentos revelan que el decreto fue tramitado de manera particularmente expedita en comparación con cientos de solicitudes que regularmente procesa el DDEC o los 149 decretos que Negrón Reichard dejó en la agencia sin atender.

Informó que la información fue remitida para ser incorporada a la investigación en curso sobre posibles violaciones a la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, Ley Núm. 1-2012, como al Departamento de Justicia bajo el Código Penal de Puerto Rico, Ley Núm. 146-2012.

El comunicado informó que el secretario de la Gobernación solicitó que se investigue la participación de Zayas García, quien fungía como director del Área de Incentivos del DDEC, para determinar si recibió instrucciones del entonces secretario Negrón Reichard “para dar trato preferencial o acelerar la evaluación de la solicitud presentada por su esposa y quien se atrevió a decir, la semana pasada en declaraciones escritas a la prensa, que desconocía del proceso”.

“Los documentos del trámite interno del DDEC sobre este decreto hablan por sí solos. Esta nueva evidencia además de validar los planteamientos que presentamos originalmente de la falta de inhibición de Negrón Reichard desde que se presentó la solicitud del decreto plantea interrogantes adicionales que merecen una investigación completa y rigurosa por parte de las autoridades competentes de todas las partes que intercedieron en el mismo y pudieran haber recibido instrucciones de Negrón Reichard”, concluyó Domenech, en declaraciones escritas.

Añadió que la declaración jurada suplementaria fue presentada ayer, 22 de junio de 2026 ante Ética y Justicia, y solicita formalmente que toda la información contenida en el expediente sea evaluada por las agencias investigativas correspondientes como parte de los referidos ya realizados.

Negrón Reichard ha acusado a Domenech de presuntas irregularidades en procesos de contratación e intervenciones indebidas dentro del gobierno. Mientras, Domenech ha rechazado “categóricamente” esas imputaciones, asegurando que contienen “afirmaciones incorrectas” y una “versión distorsionada”.

Negrón Reichard, radicó el 15 de junio una querella ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) en la que solicita que se investigue al secretario de la Gobernación.

El caso ha escalado en medio de un ambiente político ya tenso, marcado por investigaciones, señalamientos previos y controversias sobre posibles conflictos de interés atribuidos al funcionario más cercano de la gobernadora, Jenniffer González Colón.