La administración de Jenniffer González, en su defensa de la Ley 83-2025, que busca devolver la autonomía administrativa y operacional a la Policía de Puerto Rico, certificó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que el costo de la transición no debe superar los $591,233, a base del personal que sería necesario reclutar internamente para los renglones de finanzas, compras y recursos humanos.

Según el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, quien preparó la certificación de impacto fiscal, se trata de una cantidad que “podría ser absorbida por la propia agencia casi ocho veces”, tomando en cuenta el sobrante presupuestario que tuvo la Policía en el año fiscal 2024-2025, que rondó los $4 millones.

“De mantenerse una ejecución presupuestaria similar, se proyectaría que para el año fiscal 2026 podría reflejarse un sobrante comparable, el cual permitiría sufragar los costos asociados a una estructura administrativa básica, una vez se materialice formalmente la transferencia del Secretariado del DSP (Departamento de Seguridad Pública), según dispone la ley. Aclaramos que lo anterior estaría sujeto a que la agencia no utilice la totalidad del sobrante que pudiera surgir en el año fiscal 2026 de los fondos asignados en nómina para algún otro asunto”, sostiene la comunicación.

La certificación, en síntesis, busca convencer a la JSF de que el estatuto, firmado el pasado 30 de julio, no violenta el presupuesto vigente ni el plan fiscal del gobierno central. El jueves, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, consignó la preocupación del organismo de que “la implementación de la Ley 83 resultará en costos administrativos incrementales significativos”.

González, quien adelantó que se reunirá con Mujica la semana que viene, reveló el viernes a El Nuevo Día que su administración evaluará la eliminación de la sombrilla del DSP, que tras las salidas del Instituto de Ciencias Forenses y, más recientemente, la Policía, aún mantiene cinco negociados bajo su estructura.

Entre los elementos que la OGP resaltó en su certificación estuvo una comparativa del presupuesto asignado en los años fiscales 2015 y 2016 –antes de la creación, en 2017, de la sombrilla– y los períodos de 2023 y 2024, que reflejaron una tendencia a la subutilización del dinero disponible. Específicamente, de acuerdo con Rivera Berríos, entre 2015 y 2016, el total de fondos no utilizados rondó los $8.3 millones, en contraste con los $15.7 millones que se dejaron sobre la mesa en 2023 y 2024.

“La existencia de un excedente constante sugiere dos posibles escenarios: por un lado, que se estuviese aprobando un presupuesto superior al necesario, sin una planificación adecuada de su uso; o, por otro lado, que los fondos disponibles no estuvieran siendo utilizados de manera eficiente y estratégica para fortalecer las capacidades operativas de la Policía. En cualquiera de los dos casos, la consecuencia directa es la privación de recursos fundamentales para el cumplimiento efectivo de las funciones policiales, a pesar de que los fondos para ello sí existían”, señaló el funcionario.

De otra parte, la OGP despachó un análisis preparado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, que estimó que la Ley 83 tendría un costo de $45 millones, al señalar que se basó en “premisas erróneas”, como evaluar como un “único presupuesto consolidado” las asignaciones al DSP y la Policía. Según la OGP, la propia Ley 83 estipuló que, en el año fiscal vigente, la Policía continuará operando con el presupuesto ya asignado.

Rivera Berríos, al cuantificar el impacto fiscal de remover a la Policía del DSP, estimó que la nueva “estructura mínima” a nivel administrativo en la Uniformada se compondría de 13 empleados: un director de presupuesto, un director de finanzas, un director de compras, dos analistas de presupuesto, dos contadores, un supervisor de análisis financiero, dos agentes compradores, un administrador de documentos públicos y dos analistas de administración de recursos humanos.