La administración de Jenniffer González, en su defensa de la Ley 83-2025, que busca devolver la autonomía administrativa y operacional a la Policía de Puerto Rico, certificó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que el costo de la transición no debe superar los $591,233, a base del personal que sería necesario reclutar internamente para los renglones de finanzas, compras y recursos humanos.