La Administración de Donald Trump ha reconocido en documentos judiciales que canceló $7,600 millones en subvenciones destinadas a cientos de proyectos de energía limpia “basándose únicamente en la identidad política del estado del beneficiario de la subvención”, en este caso, los 16 estados que votaron a favor de la demócrata Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024.

Esta declaración contradice las repetidas afirmaciones del secretario de Energía, Chris Wright, y de otros responsables, según las cuales los proyectos se cancelaron porque no contribuían de forma adecuada a satisfacer las necesidades energéticas del país o presentaban otros problemas que los convertían en una mala inversión del dinero de los contribuyentes.

Los demócratas y los colectivos ecologistas se hicieron eco el viernes de la demanda judicial, afirmando que el Gobierno había “utilizado como arma” al Gobierno federal para acabar con buenos puestos de trabajo y castigar a las familias trabajadoras por sus opiniones políticas.

“Esta administración ha admitido ahora ante los tribunales lo que hacía tiempo que era evidente: que canceló cerca de 300 proyectos energéticos destinados a reducir costes sin otra razón que el hecho de que los estados en los que se encontraban no votaron por el presidente en las elecciones de 2024″, afirmaron la diputada Marcy Kaptur, de Ohio, y la senadora Patty Murray, del estado de Washington. Ambas son figuras destacadas del Partido Demócrata en las comisiones de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y del Senado, respectivamente.

“Utilizar al Gobierno federal como arma de esta manera es totalmente antiamericano, y son las familias trabajadoras, que ya tienen que hacer frente a unos costes altísimos, las que están sufriendo las consecuencias de este abuso corrupto de poder”, afirmaron Kaptur y Murray.

Pidieron a los republicanos del Congreso que se unieran a ellos para exigir a la Administración Trump “que rinda cuentas por el hecho de que el presidente no haya velado por los intereses de todos los estadounidenses”.

El Departamento de Energía (DOE, en inglés) anunció el pasado mes de octubre que se habían rescindido 321 subvenciones destinadas a 223 proyectos, alegando que, tras su revisión, «no contribuían adecuadamente a satisfacer las necesidades energéticas del país o no eran viables desde el punto de vista económico».

Estos recortes, que forman parte de una ofensiva más amplia del presidente Donald Trump contra los programas climáticos y la financiación de las energías limpias, han reducido drásticamente las ayudas federales destinadas a proyectos de construcción de plantas de baterías, desarrollo de tecnología de hidrógeno, la mejora de la red eléctrica y la captura de emisiones de dióxido de carbono.

Russell Vought, director de presupuesto de la Casa Blanca, destacó los recortes en una publicación en las redes sociales, afirmando que “se está suprimiendo el dinero destinado a impulsar la agenda climática de la izquierda”.

El Ministerio de Energía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los proyectos que se han suprimido se encontraban en California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont y el estado de Washington. Los 16 estados afectados apoyaron a Harris, pero Wright afirmó que los recortes fueron “decisiones empresariales” basadas en si los proyectos suponían o no un buen uso del dinero de los contribuyentes.

Los recortes fueron impugnados de inmediato ante los tribunales, y más de dos docenas de diputados demócratas, encabezados por los senadores de California Adam Schiff y Alex Padilla y la diputada Zoe Lofgren, enviaron una carta al inspector general en funciones del DOE solicitando una investigación formal. El órgano de control interno del departamento inició una investigación en diciembre.

Los abogados del Gobierno ya habían confirmado anteriormente, en un escrito judicial presentado a finales del año pasado, que la selección de las subvenciones “se vio influida, de hecho, por el hecho de que la sede del beneficiario se encontrara en un estado que suele votar a candidatos demócratas en las elecciones estatales y nacionales (los denominados ‘estados azules’)“.

Esa alegación se presentó en una demanda independiente interpuesta por grupos defensores de la energía limpia y la ciudad de St. Paul (Minnesota) en relación con la cancelación de la financiación. La admisión más reciente tuvo lugar en un caso denominado Thakur contra Trump, que se viene tramitando desde la pasada primavera. Los abogados federales reconocieron que utilizaron palabras clave relacionadas con la diversidad, el género, la reticencia a la vacunación y la COVID-19 para seleccionar proyectos que entraran en conflicto con las prioridades de la Administración Trump.

Holly Bender, directora de programas del Sierra Club, afirmó que el último escrito judicial demuestra que «la Administración Trump está admitiendo descaradamente que adopta un enfoque vengativo para cancelar infraestructuras energéticas muy necesarias, sin tener en cuenta la pérdida de puestos de trabajo, la contaminación atmosférica ni el aumento de las facturas que la gente está sufriendo en todas partes».