El gobierno de Jenniffer González completó este lunes la entrega de documentos que le habían solicitado el Senado y la Cámara de Representantes para continuar la evaluación del proyecto de la llamada reforma contributiva, pero aún no ha sometido toda la información que le requiere la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como parte del análisis de la legislación que autoriza a los cheques de alivio contributivo este año.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Eddie Charbonier, confirmaron por separado el recibo de los documentos sobre la reforma contributiva por parte del equipo fiscal. El líder senatorial, de inmediato, publicó la información en la página del Senado.

Mientras, a tono con la Sección 204 de la ley Promesa, cada vez que se firma una ley con impacto fiscal, el gobierno debe someter una certificación sobre el gasto público que conlleva. El Ejecutivo tiene siete días para someter el documento a la JSF luego de aprobar la semana pasada el estatuto sobre el alivio contributivo, plazo que vence este jueves.

“Y la están discutiendo (la certificación) con ellos (la JSF) porque ellos entienden que son unos números, y nosotros entendemos que son otros”, comentó la gobernadora este lunes, en entrevista con El Nuevo Día.

Defendió la manera en que su administración ha trabajado con la JSF tanto la propuesta reforma como el alivio contributivo que se concedería mediante un cheque de reembolso tras la radicación de planillas, aunque todavía no haya acuerdos.

“Lo que pasa es que la Junta quiere hacer unas cosas, y la política pública es otra. Así que yo no iba a detener el darle la ayuda a la gente. Estamos en conversaciones. Yo no creo que esto sea una cosa de blanco y negro. Hay conversaciones, hay relación profesional. Así que yo espero que podamos llegar, al final del camino, a ayudar al pueblo, que es lo que tenemos que hacer”, sostuvo González.

A juicio de la mandataria, la JSF se ha atribuido un poder político que no le corresponde, cuando debe centrarse exclusivamente en atender asuntos fiscales.

“Las diferencias que puede haber, yo creo que son unas diferencias de que la Junta ha entendido que tiene un poder político, y que tiene el poder de tomar decisiones que le correspondan a funcionarios electos, y que son decisiones de política pública, más allá de elementos relacionados a la deuda. Y, obviamente, hay unas diferencias, como lo han habido en otros temas”, reconoció.

Insistió en que el gobierno tiene los fondos para honrar el reembolso contributivo, cuyo costo al erario se estima en unos $554 millones.

“El secretario de Hacienda (Ángel Pantoja) sí lo certificó. Pero aun así, aun teniendo el dinero, la Junta quiere otras consideraciones no relacionadas al alivio”, afirmó.

El alivio contributivo, al que dio paso mediante la Resolución Conjunta 6-2026, viabiliza la distribución de un “cheque de alivio contributivo” entre 600,000 y 700,000 contribuyentes este año, pero aún no tiene el aval de la JSF. Este lunes comenzó el período de radicación de planillas para este ciclo contributivo.

“Nosotros, por eso, lo seguimos combatiendo (que la JSF asuma un espacio político). Tenemos el dinero para eso. Si no tuviera dinero, la historia sería diferente”, enfatizó la gobernadora.

“Hay temas en los que ellos están más inclinados. Hay temas en los que yo, por ejemplo, no estoy inclinada. Y hay muchas, no voy a hacer públicas todas las conversaciones, pero hay diferencias de criterios”, puntualizó.