Cuando personal del comité designado por el presidente Donald Trump para evaluar el futuro de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) visite Puerto Rico la semana entrante, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), Eduardo Soria Rivera, solicitará que la dependencia elimine las revisiones en detalle del diseño de cada proyecto de infraestructura al que asigna fondos, pero con la expectativa de que no se altere el nivel de financiamiento que se provee a las jurisdicciones después de un desastre natural.

“Pienso que la conversación va a girar sobre el asunto estructural, no necesariamente financiero, de cómo funciona FEMA. En términos financieros, la expectativa de ellos es que los estados se hagan más cargo, y por eso es que los programas de ‘hazard mitigation’ (mitigación de riesgos) son importantes. En la medida en que soy exitoso en ese programa, me cuestan menos los desastres futuros”, señaló Soria Rivera en un aparte con El Nuevo Día.

Según el funcionario, quien supervisa en Puerto Rico el manejo de la mayoría de los fondos federales que se han destinado para responder a las distintas emergencias de los pasados ocho años, los oficiales del Consejo Asesor de Revisión de FEMA estarán en Puerto Rico el 24 de septiembre, como parte de la encomienda que Trump le asignó al grupo en abril.

En su primer año de regreso en la presidencia, el discurso de Trump ha oscilado entre su deseo de eliminar FEMA hasta reducir significativamente la aportación federal para la recuperación de eventos mayores a nivel de los estados y territorios, la mayoría de los cuales carece del poderío económico para encaminar las obras de infraestructura que se necesitan posterior a un desastre.

La vista del grupo asesor “es una oportunidad para nosotros plantear lo que quisiéramos que FEMA fuera para nosotros en un futuro, que es menos intervención. Quédate haciendo el ‘oversight’ (supervisión) y la parte estratégica, haz monitoreo, pero déjame trabajar. Los fondos se manejarían de la misma manera, pero la formulación de los proyectos avanzaría un poco más”, sostuvo Soria Rivera.

“En un proyecto de (la Autoridad de) Acueductos (y Alcantarillados), que ha diseñado sus proyectos toda la vida, FEMA revisa lo que Acueductos hizo, porque la ley (Stafford) lo dice, pero es innecesario desde mi punto de vista. Quisiera que FEMA verifique que haya un diseño hecho por una persona responsable y licenciada y me deje hacer el proyecto, no que me detenga un proyecto por seis años”, abundó el jefe del COR3 durante un evento en el Museo del EcoExploratorio en Plaza las Américas, donde repasó el estado de la reconstrucción a días del octavo aniversario del huracán María.

Pese a que la administración Trump aún no ha encaminado la prometida reforma de FEMA, Soria Rivera subrayó que, por la vía administrativa, ya se han implantado cambios que fuerzan a los subrecipientes a acelerar la ejecución de los proyectos.

“No es irrazonable. Esto no puede aguantar pa’ siempre, no puede ser a 10 o 15 años. Si hay una carretera que se inunda cuando uno va para su casa, uno no puede esperar 15 años a que se arregle la carretera. Creo que no lo están haciendo por maldad, sino porque el programa tiene que evolucionar a algo más rápido. Pero el cambio duele, y lo estamos sufriendo, pero nos estamos adaptando”, afirmó.

Según Soria Rivera, cada uno de los más de 11,000 proyectos que buscan atender más de 29,000 “daños” sufridos desde 2017 cuenta con un “milestone” o hito definido por el gobierno federal de los avances que se deben registrar para autorizar la continuidad de las asignaciones otorgadas. Anteriormente, abundó, FEMA solía conceder extensiones generales para la totalidad de los proyectos en curso o para los que no se hubiera completado la obligación de fondos.

En el caso de los fondos para trabajos de mitigación de riesgos, que totalizan más de $3,200 millones –excluyendo subrecipientes como la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que tienen asignaciones adicionales–, Soria Rivera precisó que el plazo transitorio concedido para evidenciar progreso vence en octubre de 2026.

“Lo vamos a pasar a (la oficina de FEMA en) Washington para que evalúe y nos dé más tiempo para la subvención (en general), no para los proyectos. Yo no puedo hacer (la totalidad de) los proyectos en un año, así que tenemos que ir a FEMA a justificar, por proyecto, por qué necesitamos más tiempo”, acentuó.

Desde el paso de los huracanes de 2017 –un período que también abarca los terremotos de 2020 y la pandemia del COVID-19–, FEMA ha asignado casi $55,000 millones, de los cuales se han desembolsado poco más de $25,000 millones. Sin embargo, Soria Rivera advirtió que, a ocho años de los primeros desastres, aún anticipa que se comprometan fondos adicionales.

“Son muchísimas. (Podrían ser) $4,000 millones a $5,000 millones”, dijo el jefe del COR3, quien espera lograr un ritmo sostenido de $3,000 millones a $4,000 millones anuales en gastos de reconstrucción.