La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le advirtió a la administración de la gobernadora Jenniffer González que tiene hasta el 4 de junio, a las 5:00 p.m., para corregir la Ley 224-2024 –que extiende el beneficio de pensiones por muerte en el cumplimiento del deber a ciertos empleados del Negociado de Manejo de Emergencias– o, de lo contrario, podría proceder con su anulación.

El gobierno deberá, asimismo, evidenciar que el mencionado estatuto –que también aplica a ciertos empleados de emergencias municipales– no ha sido aplicado desde su aprobación hace seis meses.

“Tenga en cuenta que la Junta de Supervisión se reserva el derecho de tomar las medidas que considere necesarias... incluyendo la posibilidad de anular o impedir la implementación y el cumplimiento de la Ley 224″, expuso el ente fiscal.

En la misiva enviada a la gobernadora, así como a los líderes legislativos, el ente fiscal hace constar que el 7 de abril, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) reconoció que “la Ley 224 es significativamente incompatible con el Plan Fiscal y el propósito de Promesa”.

“La Junta de Supervisión coincide con esta evaluación, ya que el Plan Fiscal establece que las nuevas leyes deben ser coherentes con el Plan de Ajuste, y la Ley 224 lo viola... al extender los beneficios de pensión más allá de lo previsto en él”, lee la misiva firmada por el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica.

Estos beneficios, según dispuesto, incluyen el derecho a pensiones en caso de discapacidad o fallecimiento en el cumplimiento del deber, pagaderas al empleado o a sus beneficiarios.

La Ley 224-2024, firmada por el exgobernador Pedro Pierluisi, extendió el beneficio de la “Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber” (Ley 127-1958) a los empleados del Negociado de Manejo de Emergencias a nivel estatal y municipal que se encuentren activos durante una emergencia de carácter natural o creada por el hombre, conforme a la Ley 20-2017.

Aplicaría, entonces, a empleados activos en la respuesta de un evento de carácter natural o creado por el hombre y/o que intervienen en el salvamento de la vida de un semejante o para proteger propiedades.

Durante la discusión legislativa de la medida –de la autoría de representante Wilson Román–, la Junta de Retiro del Gobierno se opuso a la misma. No obstante, la Federación de Alcaldes y el Departamento de Seguridad Pública (DSP) apoyaron la iniciativa.