La gobernadora Jenniffer González no prevé que el presidente Donald Trump realice las nuevas designaciones a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), al menos, hasta que el Senado y la Cámara de Representantes federal regresen de sus recesos a inicios de septiembre, lo que dejaría al organismo operando con solo dos miembros por más de un mes desde el 1 de agosto, cuando la Casa Blanca notificó los despidos de cinco integrantes.

“Todos los días (hay comunicación con el gobierno federal). Hay unos elementos de que la ley (Promesa) dispone que algunos miembros son nominados por los líderes legislativos del Congreso, que ahí entran en consideración otras cosas. Yo mantengo comunicación tanto en el foro legislativo como ejecutivo a nivel federal, porque esas cosas se tienen que hacer. El Congreso está en receso ahora en agosto, así que estaríamos hablando de que esto (los nombramientos) sería a partir de septiembre”, dijo González en entrevista con El Nuevo Día.

Los calendarios de la Cámara baja y el Senado federal precisan que ambos cuerpos tienen previsto regresar de sus respectivos recesos el 2 de septiembre.

Las expresiones de la primera ejecutiva se producen en momentos en que la jueza federal Laura Taylor Swain suspendió dos plazos que estaban pendientes como parte de los trámites de mediación con los acreedores inconformes con el Plan de Ajuste propuesto para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para, en su lugar, requerir un informe sobre el impacto del desmantelamiento temporal del organismo.

“A la luz de los reportes recientes sobre la membresía de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico”, Swain pospuso el intercambio de informes exponiendo las respectivas posturas legales de la JSF y el grupo de bonistas que conforman Assured Guaranty, GoldenTree Asset Management, National Public Finance Guarantee Corporación, el Grupo Ad Hoc AEE, Syncora Guarantee y US Bank National Association sobre los gastos administrativos de la corporación pública, que estaba previsto para el 18 de agosto, así como un informe de estatus relacionado que se debía someter a la corte el 25 de este mes.

Ambos plazos, precisa el breve escrito de Swain, fueron pospuestos “hasta nuevo aviso” por parte del tribunal.

“Se ordena a la Junta de Supervisión entregar un informe, en o antes del 25 de agosto de 2025, en torno al estatus de su membresía y qué efecto, si alguno, tendrán los eventos recientes en su participación en los asuntos pendientes ante la corte”, señaló la jueza, que preside los casos de reestructuración bajo el Título III de la ley Promesa.

La secretaria de prensa de la JSF, Sylvette Santiago, se limitó a indicar a este diario que el organismo cumplirá con la orden de la jueza federal.

La gobernadora, en tanto, dijo que, si bien la JSF les ha representado que, ante la falta de cuórum, la única función sustantiva que se puede ver limitada a corto plazo es la revisión del presupuesto general, su administración lleva a cabo un análisis de “qué competencias puede tener la Junta sin la composición completa”.

“Tengo reunión esta (próxima) semana con el director ejecutivo (de la JSF, Robert Mujica) para discutir el alcance del impacto sobre las decisiones que están pendientes”, sostuvo.

La sección 101 de Promesa precisa que, entre las responsabilidades que requieren el favor mayoritario de una “membresía completa nombrada” –es decir, al menos cuatro votos– figura la paralización a la implementación de leyes, un escenario que podría entrar en juego con las reservas de la JSF hacia el estatuto que saca a la Policía del Departamento de Seguridad Pública.

Aunque los dos miembros restantes de la JSF, Andrew Biggs y John Nixon, y el director Mujica, no han detallado públicamente qué gestiones podrán continuar adelante, se da por descontado que cualquier decisión mayor, como finiquitar un acuerdo con los acreedores de la AEE o enmendar el Plan de Ajuste existente deberá aguardar por que el presidente Trump llene, al menos, dos de las vacantes, para llevar la composición del organismo a no menos de cuatro directivos.

En días recientes, el exmiembro de la JSF Antonio Medina dijo a El Nuevo Día que los integrantes del ente, de ordinario, participan personalmente de las sesiones de mediación con acreedores, además de votar en asuntos relacionados, por lo que las vacantes, a su juicio, “paralizan” el proceso en curso.

La decisión de Trump de despedir al hasta entonces presidente de la JSF, Arthur González, así como a los puertorriqueños Juan Sabater, Betty Rosa, Cameron McKenzie y Luis Ubiñas, ha sido interpretada ampliamente por expertos –incluyendo al expresidente del organismo David Skeel– como un intento de reconfigurar el grupo con aliados de los acreedores de la AEE que se han opuesto a la oferta de repagar unos $2,600 millones de los $8,500 millones que los bonistas reclaman como principal de la deuda.