La gobernadora Jenniffer González afirmó este miércoles que ya cuenta con “varios” candidatos para sustituir a la contralora Yesmín Valdivieso y, de paso, catalogó como “innecesario” el allanamiento que personal que la oficina de la funcionaria diligenció ayer, martes, en la alcaldía de Cataño.

“Debería ser cuestión de días (para anunciar quién sustituirá a Valdivieso). Nosotros llevamos meses entrevistando personas de la más alta probidad moral, y quiero reunirme con los presidentes de los cuerpos legislativos para discutir a esos candidatos”, afirmó la mandataria al preguntársele sobre el tema tras un evento oficial.

¿Cuántos candidatos son?, cuestionó El Nuevo Día.

“Tengo varios. Ustedes entenderán que siempre uno busca varias alternativas y esto no es algo nuevo. Ustedes saben que yo, hace varios meses, había hablado de este tema, y hemos seguido entrevistando y quiero tener la oportunidad de reunirme con los presidentes de los cuerpos legislativos y discutir esa nominación, ya que esto es un nombramiento que va a (la) Cámara (de Representantes) y Senado, y que es un nombramiento por 10 años”, respondió.

El nombramiento de Valdivieso concluyó en 2020, ya que fue nominada por el exgobernador Luis Fortuño en 2010. Sin embargo, retuvo el cargo hasta tanto se nomine y confirme a su sustituto.

González, aunque no mencionó nombres ni cantidad de candidatos, recalcó que hay gente disponible para la Oficina del Contralor.

“Hay varias personas que sí que han aceptado, pero se trata de evaluar quiénes son los mejores candidatos”, manifestó.

Respecto al operativo que la Contraloría condujo en la alcaldía de Cataño –en el que se incautó una decena de computadoras–, la gobernadora dijo que fue un “‘show’ es innecesario”.

“Me parece que, si tú me dijeras que ellos (Contraloría) tienen el poder de arresto, el poder de hacer una conclusión, pero nada de eso ha ocurrido, así que yo creo que estuvo de más”, añadió.

Este miércoles, Valdivieso reveló –en un informe de auditoría– que el Municipio de Cataño pagó $149,214 en exceso a una compañía contratada para administrar un sistema de emitir y cobrar multas, lo que resultó en una “opinión cualificada” de parte de la Contraloría contra el ayuntamiento.