La gobernadora Jenniffer González reveló este viernes que su administración considera elevar a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) o demandar a LUMA Energy con el objetivo de invalidar el acuerdo que el consorcio mantiene con un sindicato estadounidense que obliga a subcontratistas a reclutar mano de obra afiliada al gremio, y que presuntamente resulta en incrementos de los costos de proyectos de reconstrucción de la red eléctrica.

Según la primera ejecutiva, LUMA ha utilizado la existencia del pacto con la International Brotherhood of Electrical Workers como mecanismo para facilitar la subcontratación de empresas afiliadas, en detrimento de compañías locales.

La continuidad del llamado “Project Labor Agreement” (PLA) que exige LUMA, sostuvo González, violenta la Orden Ejecutiva 2025-015, que firmó en marzo, precisamente, para impedir que se obligara la adopción de ese tipo de condiciones en cualquier “contratación con el gobierno”.

A raíz de la orden ejecutiva, el zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Josué Colón, cursó comunicaciones a LUMA, en marzo y abril, requiriendo el cumplimiento con el decreto.

“Ayer (jueves), precisamente, el secretario de la Gobernación (Francisco Domenech) nos informó que, en efecto, LUMA está incumpliendo con esa orden ejecutiva. La subcontratación de Quanta es uno de esos ejemplos. Nosotros estamos examinando las alternativas legales que tenemos, ya sea de impugnación, no validación de contratos, elevarlo a la Junta (de Supervisión Fiscal) o, inclusive, de demanda. Vamos a hacer valer esa orden ejecutiva porque esos acuerdos aumentan los costos de servicio, y no solamente aumentan los costos, (sino que) va en contra de las compañías locales que pueden dar en esos servicios y, en el pasado, las han dado a un menor precio”, afirmó la mandataria.

Al momento de publicación, no había sido posible obtener una reacción de LUMA.

En su encuentro con los medios en La Fortaleza, González no precisó si se refería a dos contratos que la JSF aprobó la semana pasada, por un monto total de $600 millones, con Quanta Services Solutions PR (QSS) para trabajos de reconstrucción en el sistema de distribución eléctrica. QSS es, como LUMA, afiliada de la estadounidense Quanta Services. Ambos contratos fueron producto de licitaciones administradas por la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés) creada por la AAPP, que maneja procedimientos en los que LUMA enfrenta algún conflicto de interés.

En mayo, el 3PPO notificó a proponentes de otra licitación que, a la luz de la orden ejecutiva de González, debían someter dos ofertas, una de ellas con precios que contemplaran el PLA y otra sin incorporar esos costos. “Este acercamiento dual permitirá al 3PPO y LUMA evaluar completamente implicaciones de costos y determinar cumplimiento tanto con la orden ejecutiva y cualquier obligación laboral”, estipuló, entonces, el 3PPO.

“Es una manera de ellos mismos quedarse con el negocio, y por eso nosotros firmamos esa orden ejecutiva, que permite a las empresas locales que dan ese servicio mucho más económico, que están aquí, que no tienen que estar pagando noches de habitación ni algunos otros gastos, poderlo hacer. Vamos a honrar y validar esa orden ejecutiva”, acentuó la gobernadora, cuya administración inició, en julio, un procedimiento dirigido a cancelar el contrato de operación del consorcio.

Este viernes, González afirmó que el alegado incumplimiento con la orden ejecutiva se suma a los “múltiples vicios de ilegalidad” supuestamente incurridos por LUMA en su gestión como administrador del sistema eléctrico.

Más temprano en el día, anunció la firma de una resolución conjunta que permite activar el Fondo Rotatorio Estatal para adelantar fondos destinados a proyectos de reconstrucción del sistema eléctrico, ante los desafíos de acceder a las partidas comprometidas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

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Adriana Díaz Tirado colaboró en esta historia.